El desacuerdo en la corporación municipal ha provocado que se dude ahora de si habrá 226 viviendas protegidas y 474 de renta libre en esta zona o si el residencial queda excluido de la transformación. Todo por el voto en contra de Vox e IU-Podemos y la abstención del PSOE para dar luz verde a una iniciativa a la que hace dos años los socialistas, entonces al frente del consistorio, miraban con buenos ojos.

Lo sucedido desconcierta al presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, que lo atribuye a "problemas políticos de demostración", es decir, la capacidad de ganar según qué pulsos. Y se confiesa: "Lo que no puedo comprender es la, entre comillas, irresponsabilidad de los políticos que por una demostración de la posición política frenen o hagan que se eternicen determinados proyectos urbanísticos con los que están de acuerdo", expone en entrevista con EL ESPAÑOL.

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"No los veo responsables", apostilla. Sobre todo porque el proyecto del Nuevo Distrito Urbano Portuario pretende "mejorar la ciudad haciendo ciudad". Eso significa, apunta, tener residencial, tener actividades económicas, equipamientos, y en definitiva, "dotar a todo este entorno de todos los servicios y de todas las actividades".

El proyecto implica contemplaba 98.000 metros cuadrados de edificabilidad, con 82.000 para los usos residenciales y 16.000 para usos terciarios, que admiten diferentes posibilidades comerciales o de oficinas, por ejemplo.

El punto de controversia es la parte de viviendas. Para levantar el distrito urbano portuario hay que modificar el Plan Especial del Puerto, algo que "se está tramitando" ante la Consejería de Fomento y va "perfectamente", en palabras de Carmona, pero al mismo tiempo se hizo una "modificación puntual del plan de la mano del Ayuntamiento que se aprobó inicialmente y que ahora tenía que haberse aprobado provisionalmente" para incluir la zona residencial.

"Estoy convencido de que en breve saldrá adelante porque no hay ningún rechazo a ese proyecto. Lo que ha habido una posición política -que no tiene nada que ver con este proyecto- para poner de manifiesto la situación en la que se encuentra el Gobierno, tanto por parte del Partido Socialista como parte de Vox", reflexiona.

Si la solución llega pronto, estima que en 2025 podrá comenzar el desarrollo residencial. ¿Y si no hay acuerdo? "Bueno, el plan B es el original", responde. 

"Nosotros habíamos presentado un plan especial que se ajusta al Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla que contempla 140.000 metros cuadrados de techo de una cosa que se llama servicios avanzados, que es un terciario especializado en innovación. Pretendimos tramitar eso. Lo que pasa que el Ayuntamiento, los responsables, el gobierno de la ciudad, entendía que eran muchos metros de terciario en todo ese entorno y preferían hacer compatible el residencial con el resto", apunta.

"Fue la ciudad la que pidió viviendas", insiste. La petición era lógica. El terreno, junto a la Avenida de las Razas, se enclava en un lugar privilegiado y con vistas espectaculares. Pero ahora, apunta, es la ciudad de Sevilla la que debe mover ficha para aclarar si lo sigue queriendo. 

"La autoridad urbanística es el Ayuntamiento, nosotros somos los titulares del suelo y el suelo tiene una definición. Si la ciudad lo que quiere es que ahí vaya a un edificio de oficinas... Pues tendremos que volver al origen", razona.

¿Fecha límite? "Vamos a esperar hasta el verano y una vez después del verano veremos qué sucede. Ese suelo lleva esperando muchísimos años. Ese suelo está vacante. El plan general se aprobó en el 2006. Han pasado 18 años sin que se haya visibilizado nada ahí. Demasiado tiempo", zanja.