"Ha habido una ineficiencia en la gestión del gasto público", ha criticado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económico (IEE). Lo ha hecho en el marco de la presentación del informe La libertad de empresa en España, cuyo indicador de libertad económica sitúa a España en el puesto 31 de 38 de los países de la OCDE.

Esa posición "relativamente baja" se explica, según el IEE, por el "gran tamaño del Estado y una salud fiscal deteriorada". Además, Fernández de Mesa ha lamentado que ese "gran tamaño" no redunda en una mayor equidad del sistema, al tiempo que sí perjudica la libertad de empresa.

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Aunque ese cómputo incluye todas las transferencias del Estado a los ciudadanos en edad de trabajar, el informe del IEE señala especialmente esas medidas como el bono social eléctrico -en vigor desde 2018- o la bonificación de 20 céntimos de euro al los carburantes que se puso en marcha en abril de 2022.

Ese 31% de las transferencias que van al 20% más rico es el tercer porcentaje más elevado, sólo por detrás de Italia (42%) y Portugal (40%). En el conjunto de los países de la OCDE, la media es del 19%.

Según el informe, si se convergiera con esa media, se produciría un ahorro en el gasto público equivalente al 2% del PIB. "Ahorro que sería de menor cuantía si este remanente se redistribuyera entre los quintiles de población con menor nivel de renta y, en particular, si se aumentaran las cuantías destinadas a los colectivos más vulnerables, mejorando la equidad del sistema de ayudas".

"El bono social eléctrico pretendía ser una ayuda directa para reducir la pobreza energética. Sin embargo, esta medida también ha resultado ineficiente en términos de gasto público, ya que en su alcance se incluyen algunos beneficiarios que no presentan una mayor vulnerabilidad económica", critica el think tank de la CEOE.

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En lo que respecta a la bonificación sobre el precio del combustible, indica que "tampoco ayudó a la mejora de la equidad", ya que fueron los tramos con mayores ingresos y más capacidad de consumo los "principales beneficiarios". En cambio, los hogares más vulnerables y que "realmente necesitaban ayuda" se beneficiaron en menor medida "por su limitada capacidad de consumo".

Según Fernández de Mesa, las transferencias del Estado están perjudicando la igualdad de oportunidades y van en contra de las políticas de equidad de justicia social. Es decir, que esa diferente asignación de recursos por renta no está sirviendo para su objetivo primero, que es la redistribución.

"La libertad económica se ha deteriorado en los últimos años, a la par que ha crecido el tamaño del Estado", ha asegurado el presidente del IEE. Fernández de Mesa ha apuntado que, durante la crisis por la pandemia, eso se hizo "para conseguir objetivos importantes" y limitar el impacto económico, pero ha criticado buena parte de ese gasto se ha mantenido una vez terminada la crisis.

"Ha habido una ineficiencia en la gestión del gasto y, al mismo tiempo, hemos perjudicado la libertad de empresa y la libertad económica", ha zanjado Fernández de Mesa.