La Cámara de Cuentas de Andalucía interviene en la polémica gestión del Bono Alquiler Joven en la comunidad, una ayuda de 250 euros mensuales para menores de 35 años que fue convocada a finales de 2022 y que, a día de hoy, sigue sin haberse resuelto en su totalidad.

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado fiscalizar esta medida. Será, ha explicado este lunes, una "revisión independiente, objetiva y fiable" que buscará determinar si la Consejería de Fomento ha actuado en este asunto "de conformidad con los principios de eficacia, eficiencia y/o economía, y si existe margen de mejora".

Con especial detalle se mirará la gestión en este tiempo del servicio de vivienda de las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, desde el ejercicio de 2022 hasta el pasado 31 de marzo.

Asimismo, podrán ser tenidos en cuenta hechos o circunstancias producidos o acontecidos con anterioridad o posterioridad a dicho periodo que puedan considerarse necesarios para la consecución de los objetivos del informe, como el refuerzo de funcionarios que acometió la Consejería a principio de este año para tratar de acelerar el proceso.

Es un problema enquistado en la comunidad. La plataforma de afectados por el retraso en el Bono Alquiler Joven ha realizado hasta cinco concentraciones para denunciar los problemas de gestión de esta ayuda, lo que les llevó incluso a preparar una demanda colectiva. 

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Por parte de la Junta se insiste en que el problema viene del diseño que elaboró el Gobierno central de estas ayudas. Fuentes del Gobierno andaluz aseguran a Europa Press que han resuelto ya 10.300 expedientes, en torno al 91% del total de beneficiarios previstos, pero muchos de los que ya cuentan con resolución favorable llevan meses esperando para ver ingresada la cuantía en su cuenta bancaria. 

Una crisis prolongada

El problema se arrastra desde otoño de 2022, cuando abrió el plazo de recepción de solicitudes. En juego estaba un reparto de 68,4 millones transferidos desde el Gobierno, que podrían traducirse en ayudas de 250 euros al mes durante un máximo de 24 meses para cada beneficiario.

En total, un máximo de 6.000 euros por solicitante. Así las cuentas, la Junta calcula que serían 11.400 los beneficiados; pero la convocatoria de las ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada, permitió completar un cupo de 14.000 solicitudes.

¿Por qué? No se garantizaba que todos recibieran ese máximo de 6.000 euros: podía darse el caso de que algunos solicitaran ayudas durante menos de 24 meses, o que no todos cumplieran los requisitos. De hecho, en las resoluciones ya publicadas se observa que muchos de los beneficiarios recibirán cantidades inferiores a los 6.000 euros.

El cupo se completó en menos de una semana, en medio de un colapso de la plataforma habilitada para inscribir las solicitudes, que cayó en los primeros cinco minutos de funcionamiento. Tuvo 350.000 intentos de acceso en tres horas, algo "jamás visto" en estas convocatorias, se excusó la Junta.

Un interés que en la plataforma de afectados ven justificado: había que darse prisa por inscribirse y el número de aspirantes que podrían tener ayuda quedaba corto si se tiene en cuenta que en Andalucía hay 1,6 millones de jóvenes de entre 18 y 35 años.