"Podrán reconocerse nuevos PERTE más allá de la vigencia del Plan de Recuperación, con el fin de promover la ejecución de proyectos tractores basados en la colaboración público-privada que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de la economía española", reza la norma que prepara el Ejecutivo.

Además de lo anterior, la nueva ley, que sustituirá a la aprobada en 1992, incluye varias novedades. El documento estará abierto a propuestas hasta el próximo 11 de julio. El objetivo de la norma no es otro que articular la política industrial de los próximos años, con el foco en que España logre una mayor autonomía industrial y sea capaz de atraer inversiones.

Uno de los pilares del cambio legislativo que prepara el Gobierno es, precisamente, reducir la dependencia de terceros países en sectores y tecnologías esenciales a través de la promoción de la producción nacional. Asimismo, pretende impulsar medidas para que la industria española sea más resistente ante futuras crisis, como la creación de una "reserva estratégica de capacidades de producción industrial", o Recapi.

Asimismo, la doble transición verde y digital se sitúa en el centro de la nueva Ley de Industria, que priorizará la descarbonización de los procesos industriales, el uso de energías renovables y la digitalización. En este sentido, también se llevarán a cabo medidas para la reindustrialización con el objetivo de mantener las capacidades productivas y el empleo.

Aunque mantiene los PERTE, la ley creará los Proyectos Industriales Estratégicos (PIE), que servirán para identificar y apoyar proyectos de interés nacional mediante la agilización de los trámites y la concesión de incentivos. Se considerarán como tal aquellos con una inversión de calado, que cuenten con financiación de la Unión Europea o que sean clasificados como tal por el Comité de Inversiones Estratégicas.

El texto que el Gobierno ha presentado en audiencia pública crea nuevas estructuras de gobernanza. Así, establece el Consejo Estatal de Política Industrial, el Foro de Alto Nivel de la Industria Española y la certificación de empresas con impacto, entre otros.

Una vez termine el proceso de audiencia pública, el Ejecutivo tendrá vía libre para aprobar el anteproyecto de ley, que será enviado al Congreso de los Diputados para su debate y, en su caso, aprobación.