En declaraciones a los medios en el patio del Congreso, Josep Maria Cruset, portavoz de Junts, ha justificado este rechazo por la baja ejecución de presupuestos anteriores en Cataluña y ha explicado que el Gobierno no podrá contar con los siete votos de Junts para la tramitación de los Presupuestos hasta que esta situación se revierta. Además, ha exigido un mayor margen fiscal para las CCAA.

"Hoy votaremos en contra de este primer trámite de los Presupuestos Generales del Estado, que son los objetivos de estabilidad presupuestaria", ha adelantado Cruset

Aunque todavía se está produciendo el debate, tanto los portavoces del Partido Popular como de Vox han expresado su rechazo, de manera que, previsiblemente, los objetivos de estabilidad no saldrán adelante este martes.

Este rechazo complica el calendario presupuestario, ya que obliga al Gobierno a aprobar una nueva senda en Consejo de Ministros para su posterior remisión al Congreso y, si resulta aprobada, al Senado. En caso de ser rechazada por la Cámara Alta, tendrá que volver al Congreso para que levante el veto.

Esto último es posible por una modificación que el Ejecutivo ha introducido en la recién aprobada Ley de Paridad, que elimina el veto del Senado.

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de la semana pasada los objetivos de estabilidad para el periodo 2025-2027. Para 2025, el conjunto de las Administraciones tenía un objetivo de déficit del 2,5%, el cual se reducía hasta el 2,1% el próximo año. Para el final del periodo, el déficit debía situarse en el 2,7%.

Dentro de esa senda, era la Administración central la que asumía la mayor parte del esfuerzo fiscal, con el fin, aseguró Montero, de dar más margen a las comunidades autónomas. Para 2025, el objetivo de déficit de la Administración Central se había fijado en el 2,2%, seis décimas menos que en la senda actual. En 2026, se esperaba alcanzar el 1,8%, un punto menos que en el plan anterior; y en 2027, el déficit debía llegar al 1,5%.

De esta manera, el objetivo de estabilidad para las comunidades autónomas se había fijado en el 0,1% del PIB para 2025, 2026 y 2027, lo que suponía una mejora respecto a la senda vigente, que contemplaba un objetivo de superávit del 0,1% para 2025 y 2026.

Montero también ha informado a la Cámara Baja del límite de gasto no financiero para el ejercicio 2025, más conocido como techo de gasto. En este caso, el Gobierno no necesita de la aprobación del Congreso, de manera que la vicepresidenta primera se ha limitado a informar del mismo.