Los gravámenes a las entidades de crédito y a las empresas energéticas han alcanzado una recaudación de 2.859 millones de euros en 2024, cifra muy similar a los 2.908 millones de euros recaudados el año anterior, según los datos aportados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

"Se trata de una cifra que está en línea con las previsiones del Gobierno (alrededor de 3.000 millones de euros) y, además, es muy similar al importe del año anterior", ha resaltado el departamento de María Jesús Montero. De hecho, la ministra, de vista este viernes en Cádiz, ha destacado que esta cantidad permitirá la mejora del Estado del bienestar y atender los problemas y las necesidades de los ciudadanos.

Si se desglosa cada una de las figuras, el gravamen de las entidades de crédito ha supuesto una recaudación de 1.695 millones de euros; mientras que el impuesto a las empresas energéticas se ha situado en los 1.164 millones de euros.

Según Hacienda, estos gravámenes, que tienen un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos, el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.

El departamento de Montero destaca que estas figuras, que fueron aprobadas a finales de 2022, se enmarcan en una política fiscal del Gobierno "justa y progresista", que pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen, como son las grandes multinacionales a través de un tipo mínimo del 15% o de los grandes patrimonios mediante el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

En este sentido, añade que tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan "cifras récord de beneficios", por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país.

Al mismo tiempo, subraya Hacienda, la política fiscal del Gobierno ha permitido aliviar la carga impositiva de las rentas medias y bajas a través "de la mayor rebaja de la historia" en impuestos vinculados a la energía o del IVA, que ha supuesto un ahorro para las familias de 25.000 millones de euros.

Prestación patrimonial

A esta cantidad hay que añadir la rebaja del IRPF a las rentas hasta 21.000 euros, que ha supuesto 5.000 millones de ahorro en las retenciones del impuesto. También la reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación hasta un millón de euros.

Los gravámenes de la banca y de las energéticas se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del 'reparto del esfuerzo', según detalla el Ministerio de Hacienda.

En el caso de las energéticas, afecta a los 'operadores principales', de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.

No obstante, están exentos del pago aquellos operadores principales cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo.

La base imponible del impuesto a las energéticas es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.