María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda
Montero choca con la ‘misión imposible’ de reformar la financiación autonómica
Expertos como Jordi Sevilla o Ignacio Zubiri consideran que la quita de deuda a las CCAA es sólo una estratagema.
Más información: De la Fuente (Fedea): "Las quitas de deuda no me parecen buena idea y no hay por dónde coger la propuesta del Gobierno"
La elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica se ha convertido en la cuadratura del círculo para el Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de una Misión Imposible enturbiada por el empeño de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de imponer una quita de deuda previa a las comunidades autónomas cuya necesidad y eficacia está puesta en duda por la mayor parte de los expertos y fiscalistas consultados.
Jordi Sevilla, uno de los grandes negociadores del actual sistema hace más de 15 años, exministro de Administraciones públicas y ahora consultor experto en LLYC, advierte de que imponer una quita de deuda a las regiones sin que haya un proyecto claro de nuevo modelo de financiación “no tiene sentido”.
Reconoce que fue algo que ya se trató en 2009 con el PP y que ha sobrevolado todos los cambios y parches establecidos desde entonces para paliar los efectos de la gran crisis financiera, cuando “España estaba casi intervenida”, recuerda.
El exministro y economista de referencia en el Gobierno de Zapatero se muestra ahora “absolutamente convencido” de que el Ejecutivo no quiere coger ahora por los cuernos la reforma del modelo de financiación, sino que más bien ha visto que los ingresos han funcionado bien y han permitido un reparto millonario de transferencias a las CCAA que da oxígeno y rentabilidad política.
Pero al fiarlo todo al acuerdo con ERC para un sistema singular catalán, la vicepresidenta y ministra “ha entrado en esa contradicción de ofrecer algo a lo que en su día se opuso, y hacer que la oposición use ahora los mismos argumentos que ella utilizó entonces”, explica Sevilla.
Más contundente que el ministro es otro de los grandes expertos en financiación autonómica, el catedrático de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) Ignacio Zubiri, que considera que “no hay una sola razón económica que justifique esa quita de deuda a las CCAA: penaliza a los más ineficientes, abre la vía a que se sigan endeudando y reparte la equidad con criterios absurdos”.
“No hay peor cosa que creernos nuestras propias trampas para conseguir unos votos y seguir gobernando”, remata.
Esta versión negativa de la quita autonómica de Deuda coincide con la valoración técnica realizada por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, incluso por la propia Autoridad Fiscal (Airef), que alerta de que no se puede abrir la puerta al endeudamiento por medio de un perdón a la deuda acumulada, cuando está demostrado que la mayor parte de las CCAA españolas incumplen los límites de gasto público.
El Gobierno plantea un ahorro de más de 83.000 millones de quita a las autonomías, el equivalente a toda la recaudación por IVA del año 2023 o del 66% de lo que todos los españoles pagan por el IRPF. En realidad, eso supone un ahorro real a las CCAA de algo más de 6.000 millones en el pago de intereses, sobre todo en regiones como Andalucía o Cataluña, las dos más beneficiadas del recorte, que mirarán con lupa lo que finalmente se apruebe en el Congreso, a pesar de todo el rechazo que, por ahora, ha recibido la propuesta.
Desde el Gobierno entienden, por ahora, que la quita es “un buen inicio”. Pero por encima de ese recorte, que no deja de ser cambiar de sitio un apunte contable de una deuda que terminaremos pagando todos, de lo que se trata es de determinar un nuevo sistema que decida cómo se recaudan en impuestos unos 275.000 millones de euros (casi tres veces y media la quita autonómica) y cómo se reparten entre todos los españoles de forma igualitaria, ya sea desde el Estado o desde las CCAA. “No hay quien se atreva a abrir ese melón ahora”, advierte Jordi Sevilla
Ignacio Zubiri, que fue el primero que estudió las consecuencias para toda España de un modelo como el concierto vasco, advierte de que lo primero que hay que abordar es el alcance de la “singularidad” de Cataluña en un posible sistema de financiación común renovado.
Es decir, en qué términos va a aportar recursos al Estado y al resto de CCAA la Generalitat, en un contexto en el que pretende siempre que sea menos que ahora.
Si echamos la vista atrás, no hay más remedio que admitir que Cataluña ha marcado el paso en las diferentes renovaciones que se han hecho en materia de financiación autonómica.
De negociadores como Antoni Castells (exconsejero de Economía de la Generalitat) o el propio Cristóbal Montoro (ministro de Hacienda con el PP) y su entonces secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han salido las últimas cesiones de recaudación del IRPF (hasta el 50% actual) y la totalidad de otros diez impuestos más, un parcheo siempre provocado desde la Generalitat catalana.
Pero el reto ahora es mucho mayor, sobre todo a la vista del plantón que las 12 comunidades autónomas gobernadas por el PP -Andalucía, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja, Baleares, Aragón, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Canarias (en coalición con CC)- le dieron a la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) esta semana.
Nadie lo esperaba. El bloque del PP tienen las vistas puestas en negociar un modelo total que permita cuestiones como traspasar parte de las retenciones del IRPF a las haciendas autonómicas, vincular a ciertos gastos una parte de IVA o incluso cambiar el sagrado Impuesto de Sociedades o revisar la competencia y la capacidad normativa de muchos otros tributos, como los nuevos a la banca y las eléctricas.
“Hay que financiarlo todo con transferencias igualitarias -recuerda Zubiri- y variables de necesidad específicas que no rompan esa igualdad, ya sean población ajustada, gasto per cápita o lo que se decida en cada caso sobre el modelo de reparto de un fondo común, sobre todo por parte de las CCAA”.
Un acuerdo político lejano
Para Jordi Sevilla, ese esfuerzo necesario para llevar a cabo esta reforma es mayúsculo y sólo es posible si se llega a un acuerdo entre PP y PSOE, algo que está muy lejos de conseguirse.
“Nada nuevo bajo el sol; tenía que estar en marcha hace cinco años y no hay ni propuesta ni grupos de trabajo, y con la falta de entendimiento entre los dos partidos, es imposible hacer nada sensato”, concluye.
Desde el lado más técnico y optimista, el experto catalán José María Durán Cabré advertía en un informe publicado también en el seno de Fedea este mismo mes de febrero de la necesidad dar paso a un modelo más transparente de rendición de cuentas a la hora de repartir el dinero de los impuestos entre las CCAA, sobre todo si tenemos en cuenta que el 60% de los españoles no sabe bien si paga sus tributos al Gobierno central o al autonómico.
Por último, cabe recordar como la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha advertido del impacto que el acuerdo PSOE-ERC para tener una agencia tributaria propia tendría sobre el fraude fiscal.
“Sería un desastre en materia de lucha contra el fraude porque se fracciona la información entre CCAA, y esa brecha se aprovechará por los defraudadores”, asegura su presidenta, Ana de la Herrán, que recuerda que hay 400 inspectores del Estado trabajando en Cataluña que habría que reubicar.
Pendiente de si va a presentar unos Presupuestos tardíos para 2025 que todo el mundo da ya por descartados, María Jesús Montero inicia esta semana un reto titánico con la ronda de entrevistas con los consejeros de Hacienda autonómicos para convencerles de lo buena que es la letra pequeña de la quita de deuda y el premio millonario que cada uno se lleva.
Lejos de decisiones supuestamente colegiadas con las partes en pie de guerra, como las del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los negociadores de anteriores pactos recuerdan que, incluso en el sistema común (sin País Vasco y Navarra), lo que vale siempre es la bilateralidad y lo que le prometas a cada uno o lo que le dejes hacer con ese sobrante. Empieza el mercadeo, pero la nueva financiación autonómica sigue quedando muy lejos.
