Imagen de archivo de la primera 'levantá' del atún rojo en la almadraba de Barbate. Europa Press
La campaña de atún rojo, en el aire por la huelga indefinida de 170 funcionarios: "Vamos a ver si sobrevivimos o no"
La preocupación cunde entre las empresas dedicadas al negocio, algunas de las cuales ya cuentan en miles de euros las pérdidas tras tres semanas de paro.
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La que es una de las campañas más lucrativas del mar, la del atún rojo, inicia la cuenta atrás para arrancar sumida en una preocupación no vista en años. Y no porque haya bajado el volumen de capturas permitidas. En esta ocasión el temor proviene de una fuente muy diferente al devenir de la propia especie: la huelga que mantienen los inspectores de pesca marítima.
Se trata de un cuerpo compuesto por unos 170 funcionarios imprescindibles para las empresas dedicadas a esta actividad. Ellos controlan que, en general, las capturas se realicen cumpliendo los preceptos legales, una herramienta fundamental para, por ejemplo, luchar contra la venta en mercado negro, que acaba interfiriendo en los precios en lonja de especies como la anchoa o la caballa.
Pero sobre todo es básico para las empresas y pescadores dedicados al atún rojo. Esta especie es la estrella de todos los controles por su alto valor económico, que la hace muy atractiva para prácticas fraudulentas, y también por la legislación para proteger su desarrollo tras estar en la primera década de este siglo en estado crítico por sobrepesca.
El resultado de todo ello es que todas las operaciones que se hagan con atún rojo, desde el recuento de capturas, transferencias a las llamadas granjas de engorde o sacrificio debe ser supervisado por inspectores. Sin excepciones.
Por eso, la tensión está disparada entre los armadores y pescadores de la almadraba. A dos meses de que se inicie la nueva campaña de atún rojo, algunas compañías referentes de este segmento, como la catalana Balfegó, avisa directamente que está en juego su supervivencia.
"Si no hay inspectores no se puede trabajar. Sería la destrucción de la empresa", asegura el director adjunto de la firma, Juanjo Navarro. Balfegó ya acumula, de hecho, pérdidas de "decenas de miles de euros" por este paro, para el que se han decretado unos servicios mínimos que han obligado a aumentar sus costes operativos.
Por ejemplo, en aumento de horas extra de los trabajadores de la firma para estar disponibles cuando esos inspectores pueden ir. O no pudiendo acometer medidas que suelen aumentar la eficiencia, como reunir en una sola jaula los ejemplares de atún de los que disponen.
Es un esfuerzo que pueden realizar en todo caso antes de que arranque la campaña. Después, por el volumen de capturas que se estiman y la consiguiente carga de trabajo, se hará inviable seguir en esta dinámica. La situación tiene en alerta a otras empresas de este segmento y también a los pescadores de la almadraba.
Y no solo a ellos. Porque de no haber cambios también lo sentirán los consumidores. Al menos, a partir de julio, porque antes el mercado se abastecerá con el stock disponible en las granjas de atún.
Huelga indefinida
Las alarmas saltan en el atún rojo al cumplirse la tercera semana de huelga indefinida de este cuerpo de funcionarios. En la parte empresarial desconocen el estado de las negociaciones entre las partes, y es la falta de información lo que está desatando el nerviosismo en la cuenta atrás del inicio de campaña.
La respuesta es que en este tiempo los avances han sido prácticamente inexistentes, señala a EL ESPAÑOL-Invertia Luz Divina Rueda, presidenta de la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca Marítima (Apipes).
Este cuerpo de funcionarios, compuesto por unas 170 personas, está en su mayoría en las costas españolas. Allí están basados en torno a 120 trabajadores, en tanto que los restantes se desempeñan en Madrid.
Por esa circunstancia, dos ministerios tienen algo que decir sobre su situación profesional, Agricultura y Política Territorial. Y esta situación, asegura Rueda, es lo que está ralentizando las negociaciones.
"Los dos se echan la pelota, pero tienen los dos responsabilidad y en la negociación están los dos", subraya.
Están convocados a una próxima reunión del comité de huelga el día 27, donde esperan escuchar propuestas que les convenzan. "Esto se soluciona con muy poco dinero, está en su mano avanzar", remata.
Hasta 600 euros
La clave del conflicto reside en la categoría profesional de estos inspectores. Dadas las características de su trabajo, que les exige una disponibilidad prácticamente completa, incluida nocturnidad y fines de semana, piden que no se les considere administrativos, sino personal equiparable a los trabajadores de aduanas.
El cambio de categoría podría suponer un reconocimiento extra de entre 500 y 600 euros en la nómina mensual. La lógica de Rueda es que atender a esta petición "es de justicia" por el peligro y penosidad que enfrentan y, además, "no supone mucho dinero" teniendo en cuenta que son 170 inspectores los que se verían beneficiados.
Por ahora, insisten en que no hay ninguna señal de terminar pronto con el paro, que tuvo en sus primeros días un seguimiento superior al 80%. Después ese porcentaje se ha moderado. Según Apipes, se mantienen en huelga el 60% de los inspectores en costa, y el 30% de los que están en los servicios centrales de Madrid.
¿El efecto hasta ahora del paro? Comparado con el mismo periodo del año pasado, se ha reducido en un 50% el número de inspecciones en algunas zonas, y también en determinadas áreas han caído a la mitad las presuntas infracciones detectadas.
Los efectos, advierten, no llegan solo hasta el atún rojo. Como recuerda Rueda, hay que verificar ahora que se cumplen las nuevas normas para que la pesca de arrastre del Mediterráneo pueda seguir realizándose durante 130 días. Esa es otra de sus tareas.
