El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avisado este viernes a Alemania de que sus sentencias son vinculantes para los jueces nacionales que le consultan. El TJUE ya avaló la legalidad del programa de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE) en un fallo de diciembre de 2018 y el Tribunal Constitucional alemán debería haberse limitado a aplicarlo y desestimar los recursos presentados por ciudadanos alemanes contra el organismo que ahora dirige Christine Lagarde.

Al ignorar la jurisprudencia europea y cuestionar la intervención del BCE en su sentencia del pasado 5 de mayo, el Constitucional alemán ha puesto en riesgo "la unidad del ordenamiento jurídico de la Unión", el principio de "seguridad jurídica" y "la igualdad de los Estados miembros", denuncia el TJUE en un duro comunicado con pocos precedentes. 

"Los servicios de la institución nunca hacen comentarios sobre las sentencias de un órgano jurisdiccional nacional", comienza la breve declaración del TJUE.

Pero a continuación arremete con dureza contra la actuación del Constitucional alemán, que primero le consultó sobre el programa del BCE, pero después decidió no sólo ignorar su decisión, sino contradecirla. "Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una sentencia dictada con carácter prejudicial por este Tribunal vincula al juez nacional para la resolución del litigio principal", señala el TJUE.

"Con el fin de garantizar una aplicación uniforme del derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia, creado a tal fin por los Estados miembros, es el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al derecho de la Unión", prosigue el comunicado.

"Las divergencias entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en cuanto a la validez de dichos actos pueden llegar a comprometer la unidad del ordenamiento jurídico de la Unión y perjudicar a la seguridad jurídica", resalta el TJUE.

"Al igual que otras autoridades de los Estados miembros, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a garantizar el pleno efecto del Derecho de la Unión. Sólo así puede garantizarse la igualdad de los Estados miembros en la Unión creada por ellos", concluye el comunicado.

El BCE se plantea ignorar a Alemania

En su sentencia de 2018, que respondía precisamente a una consulta del Constitucional alemán, el TJUE dictaminó que el programa de compra de deuda púbica que el BCE puso en marcha en marzo de 2015 se ajusta perfectamente a la legalidad: no excede del mandato del banco y no incumple la prohibición de financiación monetaria.

Sin embargo, el tribunal con sede en Karlsruhe ha decidido enmendar la plana al máximo órgano jurídico de la UE y ha fallado que la compra de deuda del BCE excede las competencias comunitarias y no respeta el principio de proporcionalidad. Los jueces alemanes han dado un ultimátum de tres meses a la institución que dirige Christine Lagarde para que justifique que los beneficios del programa superan a los efectos secundarios negativos. De lo contrario, amenazan con obligar al Bundesbank a que se retire de las adquisiciones.

Tanto Lagarde como su vicepresidente, Luis de Guindos, han asegurado que el BCE seguirá haciendo todo lo necesario para salvaguardar al euro y evitar una fragmentación del mercado de deuda pública, incluyendo la compra de deuda pública de los países más vulnerables, como España o Italia. El BCE se plantea ignorar el ultimátum del Constitucional alemán y no darle ninguna respuesta para salvaguardar su independencia.

También la Comisión Europea ha insistido en que las sentencias del TJUE son vinculantes para los Estados miembros y tienen primacía sobre el derecho nacional. Los ministros de Finanzas de la UE tenían previsto analizar el impacto del fallo del Tribunal Constitucional Alemán durante una videoconferencia este viernes.

La decisión de Karlsruhe ha llegado en el peor momento posible: en plena crisis del coronavirus, cuando la artillería del BCE es lo único que contiene de momento la prima de riesgo de Italia y España a falta de una respuesta  coordinada de los Gobiernos de la UE.