El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la oferta de empleo público para el ejercicio de 2019 que contará con un total de 33.793 plazas, incluyendo en esta cifra plazas ya aprobadas (como las 383 derivadas del Brexit) y otras que han sido autorizadas para estabilizar las plantillas en Justicia y Educación, según ha informado la ministra de Función Pública y Política Territorial, Meritxell Batet.

Esta oferta de empleo público para este año es casi un 10% superior a la oferta registrada en 2018, ya que cuenta con 2.949 plazas más que las ofertadas el año pasado. Además, según el Ministerio, es "la mayor registrada en los últimos 11 años".

Las plazas de la oferta de empleo público son 28.539, más 5.254 correspondientes a la estabilización de empleo temporal. En concreto, 20.781 plazas corresponden a la Administración General del Estado (AGE), 1.814 a las fuerzas armadas, 5.561 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 383 plazas que se convocaron ya en febrero en previsión del efecto del Brexit.

Del total de plazas correspondientes a la estabilización de empleo temporal, 2.528 corresponden al ámbito de la AGE, 2.237 al ámbito de Justicia y 489 a Educación.

Esta oferta de empleo público se utilizará como instrumento de planificación de recursos humanos, mediante la incorporación de herramientas que permitan hacer un uso lo más eficiente posible de la distribución de las plazas de la oferta, y reforzará la dotación de la Administración Periférica del Estado con un total de 15.837 plazas, el 47%.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular del Ministerio ha detallado que es la primera vez que se aprueba una oferta de empleo público conforme a una metodología plurianual y de base 0, que basa las decisiones en las necesidades reales de recursos humanos a satisfacer conforme al año anterior.

Asimismo, ha apuntado que también tiene en cuenta tanto el envejecimiento del personal de las administraciones públicas como el resultado de los diferentes procesos de selección. Entre las novedades, también destaca que a esta oferta le será de aplicación la eliminación como objetivo de exclusión para el acceso al empleo público del diagnóstico de diabetes, celiaquía, psoriasis o VIH.

Por otro lado, Batet ha asegurado que, según el análisis realizado, los sectores más necesitados son los del Empleo, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, tráfico, catastros o lucha contra el fraude, aunque también se va a priorizar la administración penitenciaria o la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicación a la AGE.

Además, ha apuntado que se ha revisado la tasa de cobertura de las plazas convocadas para optimizar su dotación, evitando desajustes no deseados entre distintos cuerpos o escalas y la convocatoria de plazas que después no se cubren y, por tanto, se pierden.

La oferta de 33.793 puestos de trabajo ha sido acordada con CSIF, CC.OO., UGT y CIG y verá la luz a través de varios reales decretos referidos a la Administración General del Estado (AGE), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y estabilización en el ámbito de Justicia y Educación.

La ministra ha afirmado que hubiera sido una "absoluta irresponsabilidad" no aprobar la oferta de empleo público de 2019 antes de las elecciones generales del 28 de abril, pues, además de entrar dentro de las funciones ordinarias del Ejecutivo, había dudas de que un gobierno en funciones hubiera tenido la capacidad de aprobarla.

Batet ha justificado además la aprobación de la oferta antes de los comicios generales en la necesidad de garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos y de dar seguridad al cuerpo de opositores, que saben que en marzo suele aprobarse la oferta de empleo público.

Preguntada por la variación al alza del número de plazas respecto a las que se anunciaban ayer, la ministra ha indicado que el volumen de plazas aumenta por efecto de las jubilaciones previstas y por la promoción interna.

REJUVENECER LAS PLANTILLAS

Batet ha dejado claro que el objetivo de esta oferta es reforzar los servicios de atención al ciudadano y rejuvenecer las plantillas de la Administración. En la actualidad, la platilla de la Administración General del Estado (AGE) es de 135.476 funcionarios, con una edad que prácticamente ronda los 52 años, diez años más que la del conjunto de la población activa del país, que ronda los 42,5 años.

Según la ministra, el envejecimiento de la población se ha ido acelerando en los últimos años y ha pasado de rondar los 46 años en 2004 a los 47 años de media en 2008 y los 49 años en 2012, hasta alcanzar los 52 años en 2019.

Asimismo, ha alertado de que es previsible que algo más del 51% del personal se jubile en los próximos diez años, cifra que asciende hasta el 62% en el caso de los auxiliares administrativos.

Este año, el 14% de los empleados (19.159 empleados) reunirán los requisitos para poder jubilase, aunque "no tienen por qué jubilarse todos ellos". "Estas cifras nos dan una magnitud del problema al que tenemos que hacer frente mediante una reposición de efectivos en las que las ofertas de empleo público de los próximos años van a jugar un papel fundamental", ha resaltado Batet.

También ha señalado que el reto no es solo cuantitativo, porque las necesidades son distintas a las de hace 15 años y las circunstancias han cambiado en la administración. Batet ha recordado que la descentralización y las nuevas tecnologías adquieren cada vez mayor protagonismo y, por lo tanto, "repercuten en la prestación de los servicios públicos".