La 'contrarreforma' laboral en tres fases que estaba preparando el Gobierno queda suspendida y, como mínimo, aplazada. Cuestión de urgencias. La crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus centra todos los esfuerzos del Gobierno y de los protagonistas de la mesa de Diálogo Social.

Así lo indican fuentes de este órgano que reúne al Ministerio de Trabajo, las patronales y los sindicatos. De esta manera, las negociaciones que estaban en marcha para la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral se han tenido que interrumpir indefinidamente. O al menos hasta que la crisis nacional generada por el Covid-19 se supere.

Sin embargo, la relación entre los agentes sociales y el gobierno es continua. Según ha podido saber Invertia, las patronales y los sindicatos mantienen un contacto constante “con muchos ministerios sobre un montón de cuestiones”, pero siempre centrados en el coronavirus.

Paradoja

Resulta paradójico que una de las principales herramientas que está empleando el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar la crisis, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sea posible gracias a la reforma laboral de Mariano Rajoy.

Es la normativa laboral que aprobó el Ejecutivo presidido por el presidente gallego en 2012 la que permite que el Gobierno actual pueda recurrir a los ERTE hoy. Aunque hay que añadir que las compensaciones que suponen para empleados y empresas en caso de coronavirus son cosa del Gobierno socialista.

Las tres fases

Hasta el estallido de la crisis del coronavirus, el Ejecutivo negociaba con los sindicatos la derogación de los elementos más lesivos de la reforma, identificados en recuperar la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa y abordar determinadas condiciones de la subcontratación.

Esta era la primera fase para la derogación completa de la reforma laboral. En una segunda fase se iba a abordar una reforma del despido, por lo pronto sin tocar las indemnizaciones sino dificultando que las empresas puedan ejecutarlo.

En la tercera y última fase, la idea era que lo que restara de la legislación ‘popular’ fuera sustituida por el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. En otro orden de cosas, cabe recordar que el Gobierno también estaba dando los primeros pasos con sindicatos y patronales para subir el IPREM.

Sin embargo, las crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas han obligado a suspender y aplazar estas medidas. Queda ver cuándo se retomarán… o si se pueden retomar, pasada la marejada.