Cuando la crisis sanitaria del coronavirus desbordó todas las previsiones en España, los agentes sociales llegaron a un acuerdo histórico para pedir al Gobierno que flexibilizara de forma temporal los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) para garantizar la supervivencia de muchas empresas que no iban a poder sostener puestos de trabajo al perder todos o prácticamente todos los ingresos por el confinamiento.

Diez días después de aquella medida, el volumen de ERTEs y de despidos ha desbordado a las Administraciones y se estima que hasta 1,7 millones de trabajadores habrían dejado de trabajar por el coronavirus. Los sindicatos convocaron una rueda de prensa telemática el jueves en la que pidieron al Gobierno endurecer las condiciones del despido.

En el real decreto con el que se flexibilizó la regulación del mecanismo del ERTE se introdujo una cláusula que se estaba convirtiendo en una trampa para muchas empresas. Para poder acogerse a esas medidas extraordinarias, la empresa debe comprometerse "a mantener el empleo seis meses" una vez superada la crisis sanitaria. 

Algo complicado de prometer a día de hoy en sectores que pueden atravesar momentos muy duros si cuando vuelva la actividad no recuperan los ingresos anteriores al Covid-19, porque los hábitos de sus clientes han cambiado o porque, en el caso del turismo, los viajeros de otros países renuncian a venir a España sin una vacuna frente al virus.

"¿Cuáles serán las consecuencias?", se preguntaba este viernes la profesora de Derecho del Trabajo de ESADE Law School, Anna Ginés. Según la especialista, podría entenderse que las empresas tuvieran que devolver las exenciones y cotizaciones e incluso las ayudas recibidas por sus trabajadores.

Rigidez peligrosa

Una rigidez peligrosa que, según Ginés, incluso abre la puerta a que la empresa fuera denunciada por el trabajador por un despido improcedente y tuviera que asumir su nulidad aún en caso de no recuperar la actividad.

Debido a ese punto del decreto, muchas empresas han evitado emplear el ERTE para esquivar dicha rigidez que podría hipotecar su futuro en un momento de dura recesión como el que pronostican todas las casas de análisis. La alternativa fue despedir con otras fórmulas.

La norma que aprobó el Gobierno el pasado 17 de marzo exoneraba a la empresa de su cotización a la Seguridad Social entre un 75% y un 100% y ofrecía una prestación por desempleo a las personas afectadas, manteniendo su afiliación a la Seguridad Social y su situación de alta. Todo ello, sin necesidad de cotización previa y sin un cómputo de periodos máximos de percepción de la misma.

Pese a que se trataba de una ayuda importante, Ginés advertía que las cuantías anunciadas para proteger a los trabajadores ante este shock de la economía excepcional no eran generosas. "Hay un problema en la cuantía de esta prestación, lo que se traduce una pérdida de ingresos económicos de mínimo el 30%", señalaba la profesora titular de Esade Law School en un webminar con periodistas. 

Rechazo de los empresarios

Su análisis se producía horas antes de que el Gobierno modificara la normativa y, para sorpresa de todos los expertos, endureciera las condiciones introduciendo una mayor rigidez en el sistema en un momento crítico para la economía como el actual.

El anuncio supuso un duro golpe para las patronales de los empresarios, que en todo momento durante esta crisis habían mostrado un tono conciliador con el Gobierno y no esperaban una prohibición de los despidos y la introducción de la obligatoriedad de renovar de manera automática los contratos temporales durante el tiempo que dure la alarma sanitaria y que nadie se atreve a calcular. Es decir, todos los contratos temporales seguirán en vigor aunque concluyan en un momento en que la empresa no tenga actividad, ni ingresos como consecuencia del Covid-19.

Hay unos cuatro millones de trabajadores temporales afectados por esta medida y, como advirtieron CEOE y Cepyme este viernes, para esos empleados la decisión del Ministerio de Trabajo anunciada por Yolanda Díaz en un guiño a sus votantes puede ser pan para hoy y hambre para mañana.

En un comunicado, las patronales lamentaron que, a las puertas de lo que algunos economistas comparan con los tiempos de la Gran Depresión, el Gobierno trate de "arrojar sospechas" sobre el empresariado. Además, advirtieron de que las medidas adoptadas van a "impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo".

Las patronales de Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva consideran que estas medidas "perjudicarán el equilibrio económico" y restarán seguridad jurídica a España, reduciendo "la confianza de los inversores".

Y es que obligar a las empresas a sostener el empleo en una situación como la actual precipitará aún más el deterioro de sus cuentas y las dejará en una situación muy vulnerable para cuando pase la emergencia del Covid-19, pero permanezca la recesión que todos los economistas y gobiernos pronostican.