El Gobierno ha decidido recurrir a otras partidas para atender la situación excepcional provocada por el coronavirus y el estado de alarma.

Así lo indica el real decreto-ley publicado este miércoles, que glosa el medio centenar de medidas aprobado por el Consejo de Ministros, que permite que la cuota de formación profesional (FP) para el empleo que pagan empresas y trabajadores pueda destinarse durante el presente ejercicio a financiar cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo en lugar de destinarse a formación.

Cabe recordar que las prestaciones que tendrá que asumir el Estado,todas aprobadas en las últimas semanas, sumarán más de 5.000 millones de euros con total seguridad, según fuentes del Gobierno. 

Se trata de un dinero que le permitirá disponer de unos 2.400 millones de euros y que normalmente está a disposición de las autonomías, a las que no le ha gustado la decisión. De hecho, Andalucía ha consensuado con otras regiones una carta que han dirigido al ministerio de Trabajo para protestar por su decisión "unilateral" de llevar a cabo esta medida. 

La Consejería andaluza de Empleo ha asegurado a través de una nota que "esta medida supone arrebatar cerca de 2.400 millones a todas las comunidades autónomas, de los que en torno a 430 millones corresponden a Andalucía".

Ruptura del consenso

Las comunidades han anticipado esta carta a la reunión vía telemática que ha mantenido este miércoles en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Para Andalucía, esta medida "pone en cuestión la financiación de las políticas activas de empleo, dificultando a Andalucía y al resto de las comunidades autónomas, su aplicación", según la carta 

Para la región, "el Gobierno, rompiendo el consenso existente, permitirá que la cuota de Formación Profesional para el Empleo que pagan los trabajadores pueda destinarse durante el presente ejercicio a financiar cualquiera de las prestaciones y subsidios por desempleo".

"Una medida, que, al igual que otras en el ámbito laboral, se ha tomado sin realizar ninguna consulta y desoyendo las propuestas de las comunidades autónomas".

Por lo pronto, Trabajo, sobre la reunión con las autnonomías, solo ha trasladado que les ha comunicado sus decisión de trasladar un total de 236 millones de euros, procedentes del Programa de Fomento del Empleo Agrario, a programas de contratación municipal para unos 200.000 trabajadores del campo, una vez terminen sus campañas agrícolas.