Se presentó como una de las propuestas estrella del nuevo gobierno de coalición, antes de que la crisis del coronavirus lo cambiara todo. Ya desde entonces, el vicepresidente Pablo Iglesias se ha intentado apropiar del ingreso mínimo vital, una prestación destinada a reducir la pobreza extrema en España y en la que hace ya meses que el equipo de José Luis Escrivá, el ministro Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, trabaja con mimo.

Sin embargo, los esfuerzos del líder de Podemos se han quedado, por lo pronto, en agua de borrajas. Aunque Iglesias ha ganado la batalla de los tiempos y logrado que la versión definitiva, estructural y permanente de la prestación se apruebe en un plazo mucho menor al previsto, en mayo, se mantendrá el diseño que estaban articulando Escrivá y su departamento.

Así lo indican fuentes cercanas al propio Iglesias. Aseguran que una vez se ha pactado que la medida se aplique definitivamente en el próximo mes, su formulación queda en manos de Seguridad Social. En todo caso, el equipo de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, capitaneado por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, apoyará en lo que se requiera al departamento de Seguridad Social.

Ingresos variables

De esta manera, queda definitivamente descartado el ingreso mínimo vital ‘puente’ que propuso la semana pasada Iglesias, que planteaba una cantidad fija a partir de 500 euros para los hogares vulnerables.

La medida que está postulando Escrivá es muy diferente. Su ingreso mínimo vital está pensado para permitir que las familias alcancen una renta mínima todavía no calculada o desvelada. Estos niveles solo se conocerán cuando su Ministerio termine de recabar la información y cruce los datos de la Seguridad Social con los de la Agencia Tributaria.

José Luis Escrivá, ministro de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión, en su comparecencia en el Congreso.

En definitiva, vendrá a completar las rentas de los hogares en la medida que así lo requieran, por lo que la futura prestación no será fija, sino variable. De esta manera, no sustituirá las prestaciones que las comunidades autónomas ni a los subsidios que ya existen, sino que se sumará a ellos para que las familias más vulnerables lleguen a unos ingresos suficientes en toda la geografía nacional. Esto obligará también a un importante trabajo y esfuerzo de coordinación con las regiones.

Es decir, que el ingreso mínimo también supondrá una garantía de equidad a escala estatal, puesto que permitirá que toda familia en situación de pobreza cuente con un ‘suelo’ de ingresos independientemente de la comunidad autónoma en la que se halle y los beneficios sociales vigentes en ella.

Sistema de inclusión

Para Escrivá, uno de los sistemas de ‘rescate’ social más admirables en España es el del País Vasco, porque no solo permite la supervivencia de los hogares vulnerables sino que también trabaja en su inclusión. Para el ministro, es el modelo a imitar, como ocurre también con el sistema vasco de planes de pensiones de empresa.

Por ello, el conjunto de iniciativas con las que se dará forma a la renta mínima incluirá también itinerarios de inclusión laboral y social, que comprenderán iniciativas de formación para favorecer que estos colectivos se reintegren en el mercado laboral. Por ello, también se considera fundamental la colaboración de los servicios sociales. Es en este campo donde, presuntamente, la vicepresidencia de Iglesias pondría su granito de arena.

En buena medida, toda esta formulación difiere de la que Escrivá había puesto sobre la mesa hace unas semanas en el Congreso de los Disputados, antes de la crisis sanitaria. Por entonces, el ministro planteó el ingreso mínimo vital como un compendio de cambios en el campo de los beneficios fiscales (con nuevas exenciones y desgravaciones) y nuevos créditos y subsidios.

Las expectativas son elevadas. La medida está destinada a cubrir un millón de hogares (de los que un 10% son monoparentales), que supondrían unos tres millones de personas en situación de pobreza.

Polémica

El impacto económico no será bajo. Según los cálculos que en su momento hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuando Escrivá era su presidente, costaría al menos unos 5.500 millones de euros, que según han explicado desde el Ministerio se financiarían con cargo a la deuda pública.

La polémica ha rodeado en la última semana al ingreso mínimo vital, revelando las tensiones presentes en el Gobierno de coalición. Después de que Escrivá aclarara el miércoles en el Congreso que la medida todavía estaba en fase de diseño y aún tardaría semanas en aplicarse, Iglesias y el presidente del Gobierno pactaron su aplicación en mayo y presentarlo en prensa este jueves. Todo ello a espaldas el expresidente de la AIReF.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante el Pleno para prorrogar el estado de alarma. Efe

De hecho, según ha podido saber Invertia, se contaba con que la medida se presentara en una rueda de prensa conjunta de Iglesias y Escrivá que finalmente Moncloa descartó por la polvareda que se había levantado después de que el propio ministro revelara que no había sido informado de que tendría que hacer anuncio alguno. Solo se emitió un escueto comunicado por Telegram.

Círculos cercanos a Iglesias admiten que ha podido haber un problema de comunicación interna, y algún que otro choque de egos, pero responsabilizan a Moncloa de no haber informado a Escrivá del pacto al que el líder de Podemos había llegado con Sánchez.

En este sentido, aseguran que el vicepresidente tiene una relación cordial y cercana con el ministro de Seguridad Social. No solo considera a Escrivá un especialista prestigioso en los asuntos económicos, sino un aliado en el marco de las políticas sociales y dueño de sus competencias.