El ingreso mínimo vital es uno de los pilares sobre los que se sostendrá el escudo social que poco a poco ha ido construyendo el Gobierno a través de las medidas aprobadas en las últimas semanas para la población más vulnerable.
La medida está diseñada para el largo plazo, pensando en la reconstrucción de España tras el calvario económico que está dejando a su paso el coronavirus. Sin embargo, no se encontrará entre los asuntos que se tratarán en la comisión parlamentaria que han pactado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Pablo Casado, líder del Partido Popular, para relanzar el país.
Así lo indican fuentes cercanas al Gobierno. De esta manera, la norma va a seguir el camino previsto, proyectándose como un real decreto-ley (RDL) que el Consejo de Ministro aprobará en mayo, entrando en vigor en cuanto el texto sea publicado en el correspondiente Boletín Oficial del Estado (BOE).
Así, el ingreso mínimo vital se comenzaría a aplicar antes de pasar por el Congreso de los Diputados, donde el RDL se tendrá que convalidar. Sin embargo, cabe recordar que el decreto puede ser también ratificado por la Cámara pero con la condición de que tramite como proyecto de ley.
Se trata de una fórmula muy habitual que permitiría que la prestación ya estuviera en marcha mientras los miembros de la Cámara Baja pactan su 'reconstrucción'.
Rediseño
Es decir, la iniciativa puede ser igualmente rediseñada por el Congreso aunque en su origen no pase por la comisión parlamentaria recién pactada por Sánchez y Casado.
Cabe recordar que, en un principio, el presidente del Gobierno lo que planteaba era una mesa de negociación con cuatro grupos de trabajo diferentes (reactivación económica, Estado de bienestar, sanidad y salud pública y Europa).
Sin embargo, el presidente del Partido Popular logró que este asunto se pacte en una comisión parlamentaria en la que se aborden todos estos asuntos.
De hecho, que sea un órgano multitemático es una posibilidad que inquieta a algunos de los partidos socios del Ejecutivo de coalición, como el PNV. "Sánchez me trasladó que habría una única Mesa que giraría en torno a la economía, pero después hemos escuchado declaraciones en otro sentido (abriendo las mesas a temas sanitarios o sociales). Si es así, habrá problemas”, ha advertido su portavoz parlamentario, Aitor Esteban.
Definitiva y en mayoritaria
De esta manera, y por lo pronto, el ingreso mínimo vital será cosa únicamente del Gobierno. Concretamente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera José Luis Escrivá.
Como ya contó Invertia, el expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) plantea esta prestación como un complemento que permita a las familias en situación de vulnerabilidad alcanzar una renta mínima todavía no calculada o desvelada.
De esta manera, no sustituirá las prestaciones de las comunidades autónomas ni a los subsidios que ya existen, sino que se sumará a ellos para que los hogares vulnerables lleguen a unos ingresos suficientes en toda la geografía nacional. Además, la prestación se complementará con medidas de formación e inclusión para facilitar la reincorporación en el mercado laboral de los colectivos y personas beneficiarios.
A pesar de que todavía no existe un impacto económico calculado por el departamento, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calculó, cuando Escrivá era su presidente, que la medida tendría un coste anual aproximado de entre 3.000 millones y 5.500 millones de euros.