El empleo público no nota la crisis: el gasto subirá un 6% y alcanzará los 142.484 millones

El impacto del coronavirus en la economía es histórico. Llevará a la mayor caída del PIB de los registros modernos (para ver un fenómeno similar habría que asomarse a la Guerra Civil) y la Administración admite que sus ingresos se verán seriamente dañados. Concretamente, el descenso de la recaudación será, al menos, de unos 25.700 millones de euros.

Sin embargo, esto no ha tenido impacto, por lo pronto, en el empleo público. Según las previsiones que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea a través del Plan de Estabilidad, España no solo no va a reducir su partida destinada a remuneraciones públicas sino que la va a subir de forma notable.

Según las directrices que ha mandado el Ejecutivo a Bruselas en el Plan de Estabilidad, su estimación es que el gasto en pagar a asalariados aumente un 6% a lo largo de 2020. Eso viene a significar que esta partida subirá a los 142.494 millones de euros, una cantidad equivalente al 12% del ‘nuevo’ PIB previsto para 2020 (que quedará rebajado a los 1,122 billones de euros por la crisis).

Causas

Hay varias causas que conducen a este incremento, según explica el Gobierno. Una de ellas ya está aprobada y en marcha. Se trata del incremento salarial máximo del 2,3% de los funcionarios que ya estaba acordado y al que se dio luz verde a principios de este año.

A esto se suma la equiparación salarial de la polícía y de la guardia civil con los cuerpos policiales autonómicos, “tal y como estaba previsto”, indica el Ejecutivo en el documento.

Con todo, el elemento más contundente en esta ecuación llega por la propia crisis sanitaria. El Ejecutivo avisa del impacto económico (no desglosado) que tiene el incremento de contrataciones de personal sanitario del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de trabajadores para otros ámbitos por las necesidades generadas por el Covid-19. Concretamente, en los campos de limpieza y desinfección, personal investigador y auxiliar y de seguridad.

No se aclara si el impacto de estas contrataciones, que se han efectuado a través de las comunidades autónomas y de las entidades locales, será estructural (con el fin de reforzar las plantillas sanitarias) o extraordinario, es decir, único para este 2020. Sí serán excepcionales los 323 millones que Cataluña tiene previsto abonar este año a sus empleados públicos por la paga extra que les debe desde la Gran Recesión.

Cabe recordar que la idea del Gobierno para este año y los próximos era la de reforzar las plantillas públicas. Cada vez más reducidas por la jubilación de empleados o funcionarios cuyas bajas no se han cubierto en los últimos años, el Gobierno anunció entre 2018 y 2019 la celebración de varias ofertas públicas de empleo que, ante el panorama generado por el coronavirus, quedan en un brete, dado el escaso margen de gasto. Más allá de los retrasos de las correspondientes oposiciones por el confinamiento y el estado de alarma, no se ha anunciado medida alguna al respecto.

Pensiones y el problema de pagarlas

Tampoco en el campo de las pensiones de jubilación hay previstas medidas por lo pronto. De nuevo, estas prestaciones se convierten en una de las principales partidas de gasto, sin indicios de que vayan a dejar de subir.

“El creciente aumento de las pensiones mantiene la tendencia de años anteriores y es consecuencia del incremento en el número de pensionistas, del efecto sustitución al ser las pensiones nuevas superiores a las ya existentes y de la revalorización de las pensiones con el IPC, que aumentan un 0,9 por ciento en 2020”, precisa el Plan de Estabilidad, que no concreta en cifras el incremento que pronostica el Gobierno para esta partida.

La Seguridad Social, órgano que abona las pensiones, afronta este año problemas financieros serios. Al pago de las pensiones hay que sumar el descenso de las cotizaciones por el impacto del coronavirus en el mercado laboral y que la Caja Única es la que se está haciendo cargo de las prestaciones de desempleo de los trabajadores afectados por expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) causados por el Covid-19, entre otras ayudas como las que gestionadas para los autónomos.

De hecho, el cálculo del Ejecutivo es que el descenso de las cotizaciones alcance los 9.227 millones, dejando los ingresos por esta vía en el 13,5% del PIB, que previsiblemente remontará en 2021, “una vez superada la emergencia sanitaria y dado el carácter transitorio de las medidas adoptadas”.

En cualquier caso y, por lo pronto, al Gobierno no se le pasa por la cabeza aplicar medidas reductoras en las pensiones. Sin embargo, lo que no se descarta es que no haya subida de estas prestaciones en 2021, sobre todo teniendo en cuenta que la previsión es que el IPC pueda llegar a estar en valores negativos.