Escrivá pone precio al ingreso mínimo vital permanente: 3.000 millones de euros

Finalmente, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto cifras al Ingreso Mínimo Vital que está desarrollando el Gobierno y que se aprobará en la segunda mitad de mayo. El responsable de la Caja Única calcula que esta medida tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros al año.

A esta cifra, muy similar al 'precio' que había previsto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuando Escrivá era su presidente, se ha llegado después de que se hayan cruzado datos con el Ministerio de Hacienda. Ha insistido en que el ingreso mínimo, cuando se apruebe, será permanente. "España es uno de los países con peor distribución de las rentas y es necesaria una red permanente para solventar este problema", ha afirmado el responsable ministerial.

La idea es que su activación sea inmediata. Es decir, en cuanto se apruebe se pueda comenzar a solicitar y que los primeros pagos puedan hacerse en junio. En la formulación del ingreso mínimo, ha vuelto a reiterar que "será un complemento de renta hasta un nivel determinado".

Escrivá ha defendido el ingreso mínimo por delante del de la renta básica, que es la fórmula que venía defendiendo en su programa electoral Unidas Podemos. "El ingreso mínimo es una medida que, está estudiado, tiene más efectos en la erradicación de la pobreza". En cambio, “el concepto renta básica es distinto y conllevaría una reconsideración del estado del bienestar completa". Es decir: que conllevaría un trabajo a largo plazo que ahora no sería posible. 

No se subirán las cotizaciones

Escrivá ha abordado estas cuestiones en la rueda de prensa telemática que ha ofrecida desde La Moncloa, en la que ha informado de que, a día de hoy, su departamento ha descartado por completo medidas que tenía previstas como incrementar las bases de cotización máximas. El ministro ha descartado que esta medida esté en los planes de su departamento ya. "Nosotros lo que planteamos son fórmulas para dotar de liquidez a las empresas". 

En este campo ha recordado los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que ya están acogidos más de tres millones de trabajadores y unas 530.000 empresas. Según ha explicado Escrivá, ha permitido que "la afiliación de la Seguridad Social" se haya estabilidad, perdiendo en abril 'solo' 49.000 ocupados. 

De hecho, el ministro ha añadido que ya se están viendo signos de recuperación en los tímidos inicios de la desescalada en algunos sectores. Ha puesto de ejemplo el de la construcción, que fue uno de los más afectados en marzo y que en los primeros días de mayo ya ha recuperado unos 20.000 puestos de trabajo. 

Precisamente, ha informado de que se sigue negociando, en el Diálogo Social, cómo ampliar y luego retirar los ERTE, algo que se aplicará y decidirá desde el punto de vista sectorial. Además, "estamos discutiendo medidas de reversión progresiva".

En cualquier caso, y sobre el mercado laboral, ha alertado de que la destrucción de empleo se ha cebado en menores de 35 años y contratos parciales. Cerca de medio millón de los puestos de trabajo perdido han tenido que ver con estos ámbitos. "Es necesaria una reforma para abordar este problema". 

Más déficit 

Por otro lado, el ministro también ha admitido que el déficit de la Seguridad Social en 2020 será mayor que el de 2019 y que el Estado tendrá que hacer un segundo préstamo a lo largo del año para que tenga suficiente liquidez para pagar las pensiones, dada la caída de los ingresos por cotizaciones y las nuevas prestaciones que se tienen que pagar.

En cualquier caso, Escrivá ha reiterado que el modelo público de pensiones no está en peligro, a pesar del incremento de la deuda pública, que se corregirá, ha asegurado, aunque el marco temporal será más amplio que el previsto por el Gobierno.