Con la máxima solemnidad y con las medidas de seguridad a las que obliga el coronavirus, los representantes de Gobierno, sindicatos y patronal han firmado el documento que recoge las nuevas condiciones que tendrán los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por el Covid-19, que a partir del miércoles quedarán desvinculados del estado de alarma y durarán, como mínimo, hasta el 30 de junio.
El nuevo texto contiene cambios respecto a lo pactado el pasado viernes. El más importante de todo ellos son nuevas excepciones a la prohibición del despido dictada por el Gobierno. "El compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo", reza el documento.
Se trata de una referencia que parece destinada a cubrir la situación de los contratos fijos-discontinuos, sobre todo de cara a este verano y sobre todo en el sector del turismo. Sin embargo, esta redacción (a falta de conocer cómo queda escrito el correspondiente real decreto-ley) abre la puerta a que se pueda revisar, al menos por sectores, la condición de que las empresas no puedan despedir en los seis meses posteriores a recuperar la actividad tras un ERTE.
Polémica
Cabe recordar que la prohibición del despido hasta prácticamente 2021 para las empresas acogidas a un ERTE ha sido uno de los puntos más polémicos del texto consensuado entre sindicatos, patronal y Gobierno.
El sector privado ambicionaba reducir el total del periodo, y parece que el Gobierno ha cedido en varios aspectos. Además, de la excepción al despido antes comentada, la cuenta atrás para poder despedir ya no se inicia cuando termine el ERTE, como rezaba originalmente la legislación, sino cuando las empresas comiencen a recuperar la actividad.
Por otro lado, para decidir en qué casos se amplían los ERTE más allá del 30 de junio, se formará una comisión tripartita entre Gobierno, sindicatos y patronal en la que se decidirá en qué sectores se podrán dilatar estas condiciones excepcionales.
El texto ha sido firmado en cinco documentos diferentes con cinco bolígrafos diferentes por Pedro Sánchez y los representantes de los sindicatos (Unai Sordo y José Luis Álvarez) y la patronal (Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva). Este martes el Consejo de Ministros aprobará el correspondiente real decreto-ley (RDL), que entrará el vigor el miércoles mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Entre las nuevas condiciones de los ERTE que este medio ha venido contando está la de que las empresas que se sometan a ellos no podrán distribuir dividendos correspondientes al año 2020, a no se que devuelvan las cotizaciones de las que han sido exoneradas a lo largo de las últimas semanas con los intereses y los recargos que correspondan.
Esto ha causado la alarma en el sector privado, puesto que el bloqueo del reparto de beneficios en una empresa, según la Ley de Sociedades de Capital, habilita a un socio o accionista para abandonarla (aunque este precepto no es válido para sociedades cotizadas). Pero este problema está previsto en el RDL pactado por Gobierno, sindicatos y patronales.
“No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos en aplicación de lo establecido" por el nuevo RDL, "a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el apartado 1 del artículo 348.bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio”, reza el documento.
Cabe recordar que, a día de hoy, los ERTE excepcionales, que permiten a las empresas exonerarse de las cuotas a las Seguridad Social y a los trabajadores afectados cobrar sus prestaciones de desempleo sin ‘perder’ paro, cubre a unas 530.000 compañías y a 3,3 millones de personas.
Primera reunión
Precisamente, la primera reunión de la comisión que decidirá si se amplían determinados ERTE sucederá el próximo miércoles. Así lo ha indicado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una entrevista a 'Onda Cero' en la que ha señalado que esta comisión es de lo "más trascendente", ya que en ella se va a examinar "sector a sector" para saber cuáles son los más afectados por el coronavirus y van a seguir manteniendo las condiciones a día de hoy después del 30 de junio.
"Creo que el acuerdo es muy positivo y hemos tenido la delicadeza de dejar la puerta abierta para sectores que somos conscientes que a partir de junio también necesitan proyección y acompañamiento de los recursos de las administraciones públicas", ha remarcado.
En lo que respecta al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, Díaz dice que es "optimista" y que aunque las fuerzas políticas tienen programas diferentes, "saben entender la gravedad del momento económico y social que vive el país".
"Me consta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está trabajando en el documento de los Presupuestos y me consta que el Gobierno, con enorme versatilidad, va a intentar buscar los apoyos necesarios", ha dejado claro, tras afirmar que le parece posible que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en un programa presupuestario de emergencia, ya que "el 'no' por sistema no conduce a nada" y "lo importante es conocer las propuestas políticas".