Los 3,2 millones de empleados en ERTE equivalen a todos los trabajadores en suspensión de empleo de los últimos 28 años

La crisis económica que ha provocado el coronavirus está dejando cifras nunca vistas hasta ahora. Los datos del Ministerio de Empleo estiman en 3,4 millones de personas las que están sometidas a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), unos números nunca vistos hasta la fecha para un proceso de suspensión del puesto de trabajo. 

Tanto es así que esta cifra equivale a todas las personas que se encontraron en situación de ERTE por suspensión de contrato desde enero de 1992 hasta enero de 2020. Es decir, en los últimos 28 años. O lo que es lo mismo, 2,6 veces más que todos los afectados por medidas de este tipo en la recesión de 2008. 

Son datos que ha aportado Fedea en su último informe sobre la coyuntura económica, en el que se puede comprobar cómo 3,2 millones de trabajadores se acogen a un ERTE por fuerza mayor y, el resto, a uno por causas económicas. Y de los que están en fuerza mayor, el 85% en modo de suspensión de contrato, mientras que el resto está en una suspensión parcial o reducción de jornada. 

Aumento del gasto

Esta especial protección para los trabajadores va a traer consigo un incremento de prestaciones de 21.769 millones de euros, y obligará a una reducción de los ingresos en algo más de 3.240 millones fruto de las exenciones a las cotizaciones que traen aparejadas. 

Hablamos de una partida en la que se incluyen también las coberturas por los ceses de actividad de los autónomos (piden alargar la prestación hasta fin de año), que ascienden ya a 1,4 millones. 

¿Qué sectores son los más afectados? La hostelería, en donde el 65% de los trabajadores están cubiertos por un ERTE y se han producido el 16,7% de los ceses de actividad; las actividades artísticas y recreativas (50,5% y 13,5%); y el comercio y reparación de vehículos de motor con el 26,% y el 9,7%, respectivamente. 

Unas coberturas que para Fedea “han supuesto un esfuerzo presupuestario” importante, pero que resultan insuficientes para ayudar a los hogares. A su juicio, “la inexistencia de una renta mínima de último recurso” para todos aquellos colectivos que no están cubiertos por las actuales prestaciones de sustitución es el principal problema que existe. 

Es por ello por lo que la institución cree que hubiera sido necesario haber puesto en marcha un ingreso mínimo vital “transitorio de emergencia”. A su juicio, el retraso en esta medida para sacar adelante el proyecto que el Ejecutivo quiere aprobar este viernes supone “un retraso excesivo en la llegada de una ayuda necesaria para cubrir necesidades urgentes en una situación de emergencia”.