En sus continuas apariciones mediáticas y políticas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha ido desgranando el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, cada día da un detalle nuevo sobre su futuro impacto. En este caso, se trata de un dato que desvela la extrema precariedad del mercado laboral español. 

Y es que casi el 40% de los beneficiarios del IMV ya perciben un salario. Es decir, que son trabajadores tan ‘pobres’ que no llegan a las rentas mínimas establecidas por el Gobierno para cada uno de los hogares que pueden recibir la prestación. 

Escrivá ha recordado que la prestación, que tiene como fin reducir la pobreza extrema, está planteada para unos 850.000 hogares, que incluyen unos 2,3 millones de personas. La idea de su departamento es que la prestación se dé de oficio a los beneficiarios de la prestación por menor al cargo sin y con discapacidad, siempre y cuando les beneficie económicamente. Ha detallado que, en el futuro, su departamento trabajará la idea de que el IMV ampare otras prestaciones no contributivas.

Con este y con otros casos, la prestación llegará de oficio en junio a 255.000 personas, de las cuáles más de la mitad son menores. También se reconvertirá a los beneficiarios de las rentas mínimas de las comunidades autónomas, con las que la Seguridad Social ya está intercambiando datos para ello. 

Cabe recordar que se cuenta tanto con las autonomías como con las entidades locales para la gestión del IMV. ¿Con qué financiación? Por un lado, las regiones contarán con los fondos de las rentas básicas que se dejarán de aplicar y que se espera que vayan a itinerarios de inclusión).

Por el otro, el gasto de los municipios en gestionar el IMV no computará en la regla de gasto. Es decir, que las entidades locales podrán recurrir su superávit, cuando lo haya.  

El ministro recuerda que la idea es que el impacto de esta medida sea, como mucho, de unos 3.000 millones al año. Aunque esta inversión está por debajo de la media europea de inversión en lucha contra la pobreza, Escrivá ha afirmado que espera que sea muy eficiente, así como se reevaluará con el paso del tiempo para aplicar puntuales cambios.

Economía informal

Además, ha indicado que incluye medidas para aflorar la economía informal, como obligar a los beneficiarios a hacer la declaración de la renta. Ha recordado las medidas para incentivar la participación del sector privado en el IMV, como el sello social para las empresas y las bonificaciones de contratación 'fichar’ a receptores de la prestación. Pero también ha indicado que todavía hay que hacer el desarrollo reglamentario de estas medidas. 

Escrivá ha hecho un repaso a las políticas de su ministerio en su intervención en la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados. En ella, también ha recordado que en mayo se activaron unos 587.000 trabajadores desde los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) excepcionales del Gobierno.

Tras alcanzar el punto máximo de personas afectadas por estos expedientes el 30 de abril, con 3,38 millones de personas afectadas, el pasado 3 de junio se quedaban en 2,8 millones, con caídas tanto en los de fuerza mayor (2,45 millones, un 20% menos que en el nivel máximo) como en los de no fuerza mayor (340.000 afiliados, un 10% menos que el nivel máximo).

"Cuando íbamos a 3,4 millones de personas afectadas era difícil prever que tuviéramos 600.000 personas menos en ERTE", ha dicho Escrivá, en referencia a la caída de 587.000 personas menos afectadas por estos expedientes.Y espera que en junio las cifras de reactivación del empleo sean mejores. 

Por ello, plantea que los futuros ERTE que se desarrollen tras el 30 de junio sean "lo más flexibles y concretos posible", como ya ha adelantado Invertia. 

Además, ha celebrado la paultina recuperación del empleo. Si hasta el 4 de mayo la Seguridad Social perdió unos 948.000 afiliados, el sistema ha recuperado 202.000 nuevos afiliados, aproximadamente un 20%, ha explicado Escrivá. 

En el campo de los autónomos, ha indicado que el 40% de los trabajadores por cuenta propia en España ya reciben la prestación extraordinaria habilitada por el Gobierno (de como mínimo 700 euros), 1,43 millones de profesionales. Ha recordado que la prestación se ampliará a más allá de junio, pero también de forma específica y por sectores. 

Aplazamientos

Respecto a los aplazamientos de las cuotas de la Seguridad Social a los que se pueden acoger tanto pymes como autónomos, ha informado quede que se han recibido 120.000 solicitudes, que suponen un volumen de 250 millones de euros. 

Por otro lado, ha puesto cifras a la incapacidad temporal por Covid-19 habilitada por el Ejecutivo al principio de la crisis sanitaria. Unas 700.000 personas han accedido a ella, con una duración media de las bajas de 21 días.