La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que forman parte UGT y CC.OO., pide que se ponga a disposición de los Estados miembros una financiación "masiva" destinada a la inversión mediante el aumento de los recursos propios de la UE con el fin de evitar generar deuda adicional, para lo que propone hacerlo sobre la base del régimen de comercio de derechos de emisión y la imposición de gravámenes sobre las operaciones de grandes empresas, incluyendo el nuevo impuesto digital y sobre los plásticos no reciclados.

Así figura en la resolución de la CES sobre El brote de Covid-19 y la estrategia de recuperación, entregada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en una reunión en el Palacio de la Moncloa en la que también le han hecho llegar un documento conjunto con un Plan Europeo de Inversión.

La CES señala que la reacción al brote en cuanto a la coordinación de los Estados miembros y las iniciativas de la UE ha llegado "muy tarde" y las medidas para apoyar a trabajadores, los sistemas de salud y a las empresas afectadas muestran "serias deficiencias", y en algunos casos acciones "poco adecuadas".

Respuesta contundente

Por ello, ve necesario ahora una respuesta europea "contundente" para prevenir y contener la recesión económica, el desempleo y la pobreza y para reconstruir el proyecto europeo y la democracia, de forma que considera que la UE tiene la "encrucijada" de realizar un cambio de rumbo significativo y comprometerse" con sus principios fundacionales, o se enfrentará a una crisis política "sin precedentes".

"El retorno a la normalidad no es aceptable si esto significa seguir como hasta ahora", subraya la CES, que reclama estrategia de recuperación "clara, ambiciosa y coordinada". 

"Hay que poner fin a la competencia fiscal desleal mediante una base y un tipo mínimo del impuesto de sociedades de la Unión Europea, así como reforzar la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión, la elusión y el fraude fiscales", subraya. "La UE no debe dar dinero a las empresas sin ejercer un control sobre su comportamiento", añade.