Finalmente, y como adelantó Invertia, el Gobierno ha logrado cerrar un acuerdo con los agentes sociales para ampliar los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) excepcionales por el Covid-19 hasta el 30 de septiembre. Eso sí: con sustanciales cambios por el camino.

Si bien se mejoran la bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social que pagan las empresas respecto a la oferta inicial que hizo el Ejecutivo, e incluso se amplía el espectro de empresas que tienen acceso a ellas, también se extiende la prohibición del despido a la que obligan los ERTE en los seis meses posteriores a su finalización.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Trabajo. La nueva vida que tendrán los ERTE a partir del 1 de julio permitirá que, de manera directa, todos los que sean por causas objetivas (también conocidos como ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o ETOP) permitan la exoneración del pago de las cuotas a la Seguridad Social a las empresas, exoneraciones que hasta ahora solo estaban planteadas en caso de ERTE de fuerza mayor.

Eso sí, estas empresas también se tendrán que someter a la misma condición de garantía del empleo que los ERTE de fuerza mayor. Es decir, que no podrán hacer despidos en los seis meses posteriores al final del ERTE, ni tampoco durante el mismo (salvo en determinadas circunstancias).

“Los ERTE son un contrato en el que operan tres partes: la Administración Pública, que aporta los recursos públicos, los trabajadores y los empresarios. Todos aportamos algo: los trabajadores, una reducción de salario, y los empresarios, unas garantías que son la cláusula de mantenimiento del empleo de seis meses que opera cuando existan exoneraciones . Es una consecuencia lógica del despliegue que hemos hecho”, explicó Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Salvaguarda del empleo

Díaz abordó estas cuestiones en la presentación del acuerdo con el Diálogo Social para la ampliación de los ERTE hasta septiembre, un acto celebrado en la tarde del jueves en el que participó José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Cabe recordar que dentro de las condiciones para que las empresas se puedan acoger a los ERTE está la prohibición del reparto de dividendos y no tener su bases en paraísos fiscales.

Además, no se permitirán las horas ‘extra’ ni las empresas podrán hacer nuevas contrataciones laborales, directas o a través de entidades de trabajo temporal (ETT), subcontrataciones o externalizaciones durante la vigencia de los ERTE.

Nueva generación

Los ERTE de nueva generación que comenzarán su actividad a partir del 1 de julio, tendrán tres modalidades más además de los ETOP. 

Por un lado, se crean los ERTE de transición. Esta figura sustituirá a los ERTE de fuerza mayor total y esta destinado a empresas que han estado cerradas en todo el estado de alarma y supondrán un reducción paulatina de todas las exoneraciones de las empresas. 

Dentro de ellas, las que cuentan con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración decreciente en las cotizaciones de sus empleados del 70%, 60% y 35% en julio, agosto y septiembre, respectivamente. Para las empresas de 50 y más trabajadores, las exoneraciones pasarían a ser del 50%, 40% y 25%, en julio, agosto y septiembre.

De esta manera, el Gobierno logra uno de sus objetivos en esta negociación: suprimir los ERTE de fuerza mayor total, que permitían bonificaciones del 100%.

Por otro lado, se mantienen los ERTE de fuerza mayor parcial, en los que las exoneraciones también irán retrocediendo gradualmente, favoreciendo a las empresa que recuperen trabajadores para la actividad.

Rebrote

Finalmente, habrán ERTE excepcionales para empresas que tengan que cerrar por el efecto de un rebrote del coronavirus.

En estos casos, será la autoridad laboral la que decida sí esos ERTE son necesarios. Se aplicarían como los de fuerza mayor, pero las exoneraciones nunca alcanzarán 100%. Se quedarán en el 80%, en el caso más elevado.

La idea es que estas fórmulas se mantengan al menos hasta finales de septiembre. Para octubre, Díaz y Escrivá, en virtud de cómo marche la recuperación de la economía, plantean que se formulen nuevas fórmulas de ERTE según las necesidades de los sectores y las empreas. .

Cabe recordar que con todo estos tipos de ERTE se mantienen las prestaciones para los trabajadores: se les reconocerá la prestación aún cuando no acrediten periodo de cotización previo y se les aplicará el contador a 0, con una base de cotización del 70%. A día de hoy, las cobran 2,2 millones de personas.

Impacto presupuestario

Según Escrivá, la ampliación no variará el impacto presupuestario de los ERTE excepcionales, al menos desde el punto de vista de la Seguridad Social, gracias a que se ha recuperado un mayor nivel de actividad del esperado. En el caso de la Caja Única, se espera que el coste de los ERTE (tanto por las prestaciones como por la pérdida de ingresos por las exoneraciones), se mantenga entre los 10.000 y los 11.000 millones de euros.

En cambio, en cuanto a las prestaciones que paga el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Díaz no concretó el impacto, puesto que su cuantía total también depende de la cantidad de trabajadores que vuelva a la actividad.

Ya solo queda que este viernes el Consejo de Ministros extraordinario apruebe, en un mismo real decreto-ley, la ampliación de los ERTE excepcionales y la prestación especial para autónomos, a la que también se le dará luz verde tras el acuerdo con las asociaciones de trabajadores por cuenta propia.

Finalmente, el Gobierno podrá aprobar ambas extensiones con acuerdo con los agentes sociales. Le esperan, al menos, tres meses de tranquilidad en este campo.