El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido resaltar la "unidad" del Gobierno con los empresarios y los sindicatos para afrontar la recuperación, durante la firma del Pacto por la reactivación económica y del empleo que ha sellado en los jardines de La Moncloa con los agentes sociales. Sin embargo, las diferencias entre el Ejecutivo y el mundo de la empresa son evidentes.

En especial, en materia fiscal, donde el presidente ha insistido en abordar una reforma tributaria con la perspectiva de la 'justicia social' después de escuchar el lamento de las empresas, que le han pedido en ese acto que abandone los planes fiscales con los que pretende subir los impuestos a las grandes corporaciones en un momento crítico para la economía. 

A través de la CEOE y Cepyme, los empresarios han puesto en valor el diálogo social y han pedido al Gobierno que no suba los impuestos a las empresas en este difícil momento.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha advertido al Ejecutivo que si sube los impuestos a las grandes empresas, la decisión dañará la economía y lastrará a las pequeñas empresas, que dependen, en buena medida, de la buena evolución de las grandes.

Mientras, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha recordado su disposición a dialogar aunque, ha recalcado, les "separan muchas ideas" y "planteamientos" como el fiscal. Las empresas consideran que éste no es el momento de subir impuestos y sí de luchar contra la economía sumergida, que en España es mucho más alta que en los países de su entorno.

El presidente del Gobierno ha subrayado la dureza de la crisis económica que afrontamos y ha expresado su compromiso por ayudar a las empresas con recursos y flexibilidad abogando por convertir los ERTE en un recurso estructural. También ha defendido la lucha contra la economía sumergida, pero ha insistido en su proyecto fiscal que pasa por subir el Impuesto de Sociedades a grandes empresas, entre otras medidas. 

Por su parte, los sindicatos han defendido el diálogo social y la perspectiva de la desigualdad al abordar la salida de esta crisis. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido gasto público para la recuperación. Mientras, el líder de CCOO, Unai Sordo, ha pedido más "corresponsabilidad fiscal" para reducir los diferenciales con Europa.

Valor del diálogo social

Después del golpe que dio el Gobierno al diálogo social con el pacto firmado con Bildu para derogar la reforma laboral, que fue frenado en seco por Nadia Calviño, la foto de este viernes recupera la imagen de consenso entre patronal, sindicatos y Ejecutivo.

No obstante, no es la primera foto de Antonio Garamendi, Gerardo Cuerva, Pepe Álvarez y Unai Sordo con el Gobierno. Los agentes sociales han sellado ya cuatro acuerdos en esta legislatura en la que la ministra Yolanda Díaz está al frente de la cartera de Trabajo. Uno fue anterior a la pandemia, con la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Los otros tres después del inicio de la crisis sanitaria y económica: los ERTE y sus dos prórrogas. En la última, no hubo foto, lo que evidenció el distanciamiento de la CEOE y Cepyme de los planteamientos del Ejecutivo.

Contenido del acuerdo

El pacto sellado para la reactivación económica y por el empleo tiene un contenido genérico. Sin embargo, Garamendi ha afirmado que "el documento, que puede parecer muy sencillo, pone muchísimas cosas de relieve. Habla de formación, innovación, digitalización, economía verde, circular… Son cosas que tenemos que trabajar para mejorarlas". 

Por su parte, Pedro Sánchez ha subrayado que es "un compromiso histórico para que España avance y nadie se quede atrás". Además, ha anunciado algunos de los puntos del acuerdo, como "la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras afectadas por ERTE primando los ajustes en capacidad de horas y no en empleo", el compromiso de las empresas de primar la "recontratación" de los trabajadores temporales que perdieron su empleo con la crisis del covid-19 cuando la situación lo permita "potenciando la contratación indefinida".

También ha defendido avanzar en un nuevo marco de regulación y financiación de mecanismos como los ERTE.

El presidente del Gobierno ha expresado su compromiso de "luchar contra la economía sumergida", por "mejorar el empleo", por "vertebrar" el país, por avanzar en el teletrabajo y la "flexibilidad laboral" para mejorar la conciliación.

En definitiva, con el acuerdo se pretende abrir paso a una negociación entre agentes sociales y Gobierno para trabajar en la recuperación económica con la idea de buscar un crecimiento más sostenible e inclusivo.

Este principio es compartido por el discurso de Gobierno y sindicatos, así como por el de los empresarios, como se pudo ver en la cumbre empresarial que celebraron en el mes de junio. Sin embargo, el camino para conseguir esa inclusión no es el mismo en todas las propuestas, ya que las empresas temen que una subida de impuestos frene su capacidad de generar riqueza y empleo.

En el acto de este viernes han participado Sánchez e Iglesias, junto con las vicepresidentas Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera. También han estado presentes las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz; Hacienda, María Jesús Montero; Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto; y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Coincidiendo con la firma del pacto, el Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes una batería nueva de ayudas para las empresas, con nuevas líneas de liquidez.

Sánchez ha querido hacer el anuncio oficial de la creación de un "fondo de apoyo a la solvencia con 10.000 millones de euros que invertirá en empresas estratégicas con deuda o participación en el capital social". "En España no va a quedar nadie atrás, ni los trabajadores, ni las empresas", ha dicho el presidente.

Además, ha resaltado los planes aprobados este viernes para el Turismo o la automoción, así como otras medidas para ayudar a las empresas.

Compromiso sindical

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha considerado que el acuerdo, sobre todo, "traslada una idea y una imagen de solidez de España, sobre todo fuera de nuestro país". Ha opinado que el pacto social también supone un cambio en las políticas llevadas a cabo hasta ahora "contra la emergencia económica ante la pandemia".

Ahora tocan "planes de activación de la demanda y de la movilidad económica" en los que serán necesarios los "recursos públicos", siempre centrados en sectores concretos. En cualquier caso, Sordo ha llamado a cambiar "el modelo de corresponsabilidad fiscal" en nuestro país para "no depender de intereses externos".

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha apostado por que el Diálogo Social sea la base de nuevos acuerdos en el futuro que sirvan para cimentar "la reconstrucción social" del país.

"Tenemos que entrar en una nueva normalidad que tiene que llevarnos a reuniones físicas, a debates, a confrontación de ideas y, si es posible, a acuerdos. Queremos llegar a acuerdos, y para ello hemos hecho y haremos concesiones", aunque ha avisado de que supone un esfuerzo.