El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados o comunicados a la Dirección General de Trabajo se multiplicó por 26 entre enero y mayo en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 901.817 afectados, de los que 71.174 corresponden solo al mes de mayo, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE).

Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, de ahí las diferencias con el total de afectados por ERTE del que viene hablando el Ministerio (unos 3,4 millones de afectados, de los que ya han salido en torno a 2,2 millones).

De los 901.817 trabajadores afectados por regulaciones de empleo hasta mayo, el 99,5% (897.488 trabajadores) estaban en procedimientos de suspensión de contrato o reducción de jornada y sólo el 0,5% fueron objeto de un despido colectivo (4.329 trabajadores). Los primeros se han multiplicado por más de 35 respecto al mismo periodo de 2919, mientras que los segundos se han reducido un 54%.

En el mes de mayo, sólo 79 trabajadores de 71.174 se vieron afectados por un despido colectivo; el resto estaban en procedimientos de suspensión o reducción de jornada.

Procedimientos de fuerza mayor

De los 901.817 trabajadores afectados por ERE en los cinco primeros meses del año, siete de cada diez (638.189 trabajadores) estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que multiplica por más de 1.900 la del mismo periodo del año pasado (334 afectados).

Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 263.628 trabajadores hasta mayo, casi ocho veces más que en los cinco primeros meses de 2019.

Sin embargo, analizando sólo los datos de mayo, son más los trabajadores afectados por causas objetivas (68.480) que los que se vieron incluidos en procedimientos de fuerza mayor (2.694).

Por sectores, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE hasta mayo (257.062), junto a hostelería (145.965) y actividades administrativas (122.480), mientras que el menor número se registró en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (6.458 afectados), seguido de las actividades financieras (6.764), el suministro de energía eléctrica (10.039), educación (11.560) y sanidad (14.812).

Por comunidades autónomas, la que registró hasta mayo un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Comunidad de Madrid (237.173), seguida de Cataluña (163.006) y Andalucía (114.225).

Tras estas regiones destacan Comunidad Valenciana, con 78.375 trabajadores afectados, y Castilla y León, con 42.562. Las menores cifras de afectados se dan en La Rioja (5.632) y Extremadura (7.404).

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo y desde entonces el número de procedimientos de regulación resueltos y comunicados a las autoridades laborales se vio incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de ERTE generados.