Los augurios para los próximos meses no son positivos. Los despachos de abogados trabajan ya en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) que ya se están poniendo en marcha y que amenazan con provocar miles de despidos antes de que termine el año, y eso sin valorar el impacto que tendrá la fusión de CaixaBank y Bankia en el mercado laboral.

Sin embargo, al mismo tiempo, también se está disparando una fórmula de despido cada vez más común y que es del agrado tanto de las empresas como de los sindicatos y los trabajadores afectados: las prejubilaciones, que permiten a las empresas reducir gastos de personal abonando a trabajadores de cierta edad solo una parte de su sueldo y sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta que llega su jubilación definitiva.

Según las estimaciones de los despachos que se dedican a la gestión de estas fórmulas, la expectativa es que en 2020 la cifra de nuevas prejubilaciones se doble en España. Así, el año podría terminar con unas 200.000 personas prejubiladas nuevas. Cifra a la que en la primera mitad de 2021 se podrían sumar unas 100.000 más, todas por la crisis económica ocasionada por la Covid-19.

Una pareja, paseando en Madrid.

Estas previsiones están basadas en los contactos que las empresas están haciendo con los despachos responsables de organizar y negociar dichas prejubilaciones.

Cabe recordar que esta figura no tiene nada que ver con la jubilación anticipada y que no existe en el ordenamiento jurídico nacional. En realidad, no es más que un formato de despido por el cual el trabajador afectado pasa estar en desempleo. De ahí que no existan datos oficiales sobre su incidencia.

Con todo, según fuentes sindicales, en los últimos años la cifra de personas prejubiladas en España se movería alrededor de las 600.000, cifra que podría llegar a los 800.000 este año y elevarse todavía más en 2021.

El problema es que este colectivo de prejubilados pasa a engordar la lista de población inactiva, junto a otros como estudiantes, amos y amas de casa, incapacitados laborales, las personas que realizan trabajos sociales o benéficos no remunerados o personas que reciben rentas del capital que les permiten vivir sin realizar una actividad laboral.  

Un sistema insostenible

Los gestores matizan que la estimación del total de prejubilados actuales podría estar por encima del dato real. Pero lo cierto es que la tendencia es ascendente y supone un obstáculo más para la productividad económica, con lo insostenible que ya supone para el sistema el número de trabajadores del sector privado que mantienen a aquellos que dependen del público.

Actualmente, unas 15,3 millones de personas del sector privado están sosteniendo la nómina de otros 17 millones. Este último grupo lo conformarían los 3,2 millones de trabajadores públicos que existen actualmente, a lo que habría que sumar 9,8 millones de pensionistas, 3,8 millones de parados según los últimos datos de agosto y las 812.438 personas que actualmente se encuentran en Expedientes de Reducción Temporal de Empleo (ERTE). 

El aumento de las prejubilaciones también impacta en el desembolso de las empresas y en ocasiones del Estado (los prejubilados van al paro y completan su prestación con una parte del último salario).

Es decir, la cifra engorda también el volumen de prestaciones públicas. Según los últimos datos correspondientes al mes de julio, un total de 4.180.418 personas recibieron una prestación del Servicio Público de Empleo Estatal. De ellas, un 1.912.197 estaban incluidos en un ERTE. El gasto total en prestaciones en el mes de julio ascendió a 3.238 millones de euros.

Exponencial

La previsión es que la brecha vaya a más, porque “el aumento de prejubilaciones va a ser exponencial. Y va a ser transversal”, tal y como explica Gregorio Gil de Rozas, director del área de Retirement de Willis Towers Watson España. Y es que a un sector que tradicionalmente ha recurrido a esta figura, la banca (donde son muy frecuentes), se le están sumando otros como la automoción, el turismo, el ocio y el sector aerospacial, entre otros. Todo ello por el impacto de la Covid-19.

Esta transversalidad también abarcará el tamaño de las empresas. “Del Ibex 35, del Mercado Continuo, empresas familiares… Todo tipo de empresas están estudiando esta fórmula. A los sindicatos es una medida que les gusta igual que a las empresas, que en la situación actual necesitan reducir costes y reestructurar sus plantillas”.

¿Qué compensaciones o ‘salarios’ les quedan a las personas prejubiladas? Gil de Rozas calcula que los trabajadores afectados reciben alrededor del 80% de su salario fijo, a partir de los 57 ó 58 años, teniendo que negociarse la inclusión en estos emolumentos de la parte variable del sueldo. “Cuanto mayor sea la edad del afectado, el porcentaje puede ser más alto”. Sin embargo, en caso contrario y según los trabajadores sean más jóvenes, las cantidades se reducen.

Además, estas rentas suelen estar vinculadas a seguros para evitar que, si la empresa en un futuro quebrara, el trabajador prejubilado se quedara sin emolumentos. “Si no es así, se tendría que poner en la cola de los acreedores y es muy posible que no acabara cobrando la prejubilación”.

Evolución

Los ‘servicios’ que acompañan a las prejubilaciones han evolucionado con el paso del tiempo. No solo se les ofrece el dinero. Ahora se les oferta a los empleados afectados servicios de acompañamiento y asesoramiento para el tránsito al que se van a enfrentar, que incluye apoyo psicológico y burocrático. 

Además, de cara al futuro, Gil de Rozas espera que las empresas en ERTE excepcionales también puedan recurrir a las prejubilaciones. A día de hoy la normativa lo impide pero espera que, en la negociación que están celebrando los agentes sociales y el Gobierno a lo largo del mes de septiembre, esto cambie.

La clave está en que las empresas en ERTE, a pesar de haber reducido sus gastos coyunturalmente, se enfrentan a una importante caída de ingresos y facturación que no se sabe cuánto va a durar. Las prejubilaciones les permitirían paliar este impacto reduciendo sus gastos en personal y asegurando una renta a los trabajadores despedidos.