Cuando José Luis Escrivá llegó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración lo hizo con un plan para salvar el sistema público de pensiones y la Caja Única del déficit galopante que le asfixia. Y plantea hacerlo con una reforma ‘exprés’ que quiere comenzar a aplicar este mismo 2021.

Así, el Gobierno espera que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo dé el visto bueno y apruebe unas recomendaciones que permitan, entre otras cosas, incluir en la legislación un mecanismo que permita la revalorización automática de estas prestaciones a la mayor brevedad posible, o al menos antes de que acabe el año.

La idea es evitar tener que recurrir a reales decretos-ley para subir las pensiones públicas anualmente, que es lo que ha hecho el Gobierno desde que Pedro Sánchez accedió al poder, generando un marco estable de cara a su periódica revalorización y dando tranquilidad a los pensionistas.

Aunque no se ha decidido cuál será el indicador que marcará esa subida, durante los últimos años ha sido el IPC. Y si no se trata de esta figura será una muy parecida.

Por ello, en sus últimas intervenciones públicas, el ministro Escrivá ha animado a los miembros del Pacto de Toledo a llegar a un acuerdo en un corto espacio de tiempo, y ello a pesar de la dificultad que esto entraña. La ambición es que el pacto político que habilite el cambio sea de máximos o incluso unánime, es decir, que concite el apoyo de los grupos presentes en el órgano.

Cabe recordar que para ello será necesario contar con el apoyo de formaciones de la oposición como PP o Vox. A pesar de ello y de las críticas constantes de los de Santiago Abascal a las propuestas del Gobierno, la exministra Magdalena Valerio, presidenta de esta comisión, consideró en verano que era posible un pacto antes de 2021. “El objetivo es la unanimidad. En general, veo muy buena actitud de los portavoces en general, también en el de Vox”, indicó, en la entrevista concedida a Invertia.

Con un ojo mirando hacia Bruselas

El Gobierno pide rapidez al Pacto de Toledo con un ojo mirando a Bruselas. La reforma del sistema público de pensiones para poner coto al déficit de la Seguridad Social es una de la reclamaciones 'históricas' de la Comisión Europea.

Por ello, la reforma ‘exprés’ que el ministro Escrivá planteó este miércoles no es casualidad. España quiere demostrar a la Unión Europea que, al menos, ha empezado a hacer sus deberes y que no se ponga ningún escollo a la concesión de los 140.000 millones de euros que le corresponden de los fondos europeos pactados este verano.

Y es que la reforma planteada no busca solo dar un marco de estabilidad a las pensiones. También poner fin al déficit de la Seguridad Social, que ya antes de la presente crisis se había desbordado.

El equipo de Escrivá trabaja en varias alternativas para lograr este fin, siendo la principal baza que el Estado asuma lo que se han venido a llamar “gastos impropios” de la Seguridad Social, que para 2023 generarían un déficit de 22.800 millones de euros anuales, que equivale al 1,6% del PIB.

La mayor parte de esta cantidad procede las políticas no contributivas (más de 11.000 millones), pero también de reducciones en la cotización de la Seguridad Social de determinados grupos de la población o los gastos de funcionamiento. Si estas partidas no tienen que ser asumidas por la Seguridad Social, desde el punto de vista del Ministerio, prácticamente se equilibrarían las cuentas, según sus cálculos.

Cambios en las jubilaciones

Estos son los planes a corto plazo. Pero, ¿cómo se abordará el incremento constante de pensionistas? Seguridad Social trabaja en un ramillete de medidas que ahora está analizando el Pacto de Toledo, entre las que se cuentan tanto la desincentivación de la jubilación anticipada (supone el 40% del total) como incentivar su retraso.

Por un lado, desde el Gobierno se considera que la actual legislación para la jubilación anticipada necesita ser corregida dado que el coeficiente corrector que se aplica a las pensiones por anticipar la retirada laboral sanciona menos a los cotizantes de mayor base que a los de menor, es decir, que castiga menos a los salarios altos que a los más bajos.

Por el otro, se buscará implementar incentivos para que los trabajadores retrasen su jubilación, o que combinen la jubilación con trabajo. España está en la cola de Europa en este tipo de bonificaciones.

Planes complementarias

El toque final está en los planes complementarios de ahorro o de pensiones. Como ya se preveía, el Ejecutivo considera que los planes individuales no cumplen con sus objetivos, como ya probara este verano la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) este verano. No logran aumentar el ahorro, son regresivos y sus gastos de gestión son elevados.

La reforma apuesta por planes de pensiones colectivos, pactados entre empresas y sindicatos, a los que se le sumarían incentivos fiscales. Sin embargo, el ministro Escrivá ha abierto la puerta además a crearlos desde la Administración y que sean de carácter abierto, para que estas herramientas de ahorro puedan llegar también a autónomos y trabajadores pymes.

Estas son las propuestas que, ahora, el Pacto de Toledo tiene sobre la mesa. De su análisis y de lo que sus miembros tarden en llegar a un consenso depende que el Gobierno pueda sacar adelante al menos parte de la reforma del sistema de pensiones y de la Seguridad Social antes de 2021.