EL presidente de la Confederación Empresarial de Madrid CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha solicitado este martes que se "facilite el tránsito" de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) a los Expedientes de Regulación del Empleo (ERES) y que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) -adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social- se haga cargo del 50% de las indemnizaciones en aquellos casos en los que el pago de las mismas pudiese comprometer la la viabilidad de la compañía.
Esta ha sido una de las cinco propuestas para la reactivación tras el paso de la Covid expuestas por Garrido en la Asamblea General 2020 de la patronal madrileña, que ha contado con la intervención del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y que ha sido clausurada por el presidente nacional del PP, Pablo Casado.
"Para muchas empresas el alargar sine die los ERTE es un parche que no soluciona el problema, sino que lo retrasa y, en algunos casos, los agrava", ha lanzado Garrido.
Como parte de este 'Paquete Extraordinario de Medidas Urgentes de Auxilio' también ha pedido "un año de carencia de todos los créditos ICO y la flexibilidad en los plazos de amortización", que, según el presidente de la patronal empresarial, debería ir acompasado del fin de los "privilegios" de las administraciones públicas en los procesos concursales.
También entiende importante, de cara a atajar la inestabilidad laboral, que se reimplante el Contrato de Lanzamiento de Nueva Actividad con una duración de hasta tres años, ya que la "incertidumbre actual" puede lastrar el impulso emprendedor.
Asimismo, ha puesto en el foco la necesidad de implementar "rebajas fiscales" para favorecer el empuje necesario para el tejido económico, que debería pasar por una "decidida bajada de la presión tributaria de las empresas".
La última de sus propuestas ha sido implementar el modelo alemán del 'Kurzarbeit' por el que se rebaja la jornada y salario a todos los empleados pero se apuesta por su formación y recualificación profesional para "promover su empleabilidad adaptarlos a la nueva situación".
"Cruda realidad"
Durante su intervención, Garrido ha asegurado que ha habido gente dispuesta a "ponerse una venda" o a "pintar una imagen sobre la situación real para proteger el relato"; espejismo que se ha roto y se ha pasado de "la nueva normalidad a la cruda realidad".
"España lidera todos los rankings negativos porque se actuó tarde y mal; lo que ha llevado a tomar medidas de ámbito económico que nos han perjudicado", ha lanzado el líder de los empresarios madrileños, quien entiende que de la gestión sanitaria derivó un "confinamiento más duro y prolongado" que otros países y que ha profundizado los efectos de la crisis.
Según ha detallado, han cerrado a lo largo del año más de 130.000 empresas en España, un cuarto de las restantes "están en quiebra técnica", se ha elevado a 3,8 millones las personas paradas y 800.000 continúan en ERTE; además de "liderar la caída del Producto Interior Bruto de Europa".
"Desde marzo advertimos de que la gravedad de la situación sería más profunda y duradera. No es porque seamos más agoreros o pesimistas, sino porque estamos en contacto con los empresarios y sabemos la realidad", ha añadido Garrido, quien también ha cargado contra "decisiones erráticas", como la prohibición de las rebajas, que no se consultaron antes con "quienes tenían que aplicarlas".
Pide revisar cargos públicos
Asimismo, ha alabado el "compromiso" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de bajar 0,5 puntos en todos los tramos del IRPF; y ha instado a todas las administraciones a "gastar menos y mejor" a través de la "contención del gasto supérfluo".
Al hilo, ha asegurado que existe una "brecha entre los damnificados por la pandemia y los no damnificados" y ha situado al sector privado y al público en los extremos de esta dicotomía respectivamente.
"Los componentes del sector privado han sido todos afectados, en sus bolsillos. Sin embargo, en el sector público, en una grandísima parte, han seguido con la misma remuneración y sin ver peligrar su puesto de trabajo", ha lanzado.
Es por ello que ha pedido una "transformación completa del sector público" y que se realice un "análisis de todos los cargos, ministerios y consejerías". "Cada año nosotros lo hacemos en las empresas, todos hacemos un análisis interno. La diferencia con el sector público es que si nosotros no aprobamos el examen, desaparece la empresa; pero en el sector público no pasaría nada", ha incidido.