Los frentes abiertos y las desavencias dentro del Gobierno de coalición entre sus dos socios, PSOE y Unidas Podemos, son ya numerosos. La negociación de Presupuestos y la selección de aliados para su tramitación o las medidas que deben incluir (como los planes fiscales del Ejecutivo) están provocando heridas en carne viva y se están desplazando también a otras importantes reformas.

Concretamente, a uno principales objetivos del Ejecutivo para la presente legislatura: la reforma del sistema público de pensiones. El motivo de la polémica son las medidas que plantea José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para hacer sostenible el modelo.

Partiendo de la base de que el actual sistema de jubilación anticipada ‘beneficia’ a las rentas más altas (que son las menos perjudicadas por coeficiente reductor que se tiene que aplicar), el expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha propuesto endurecer las condiciones para acceder a la edad de retiro de forma temprana.

Con esta ‘desincentivación’, Escrivá aspira a acercar las edad efectiva de jubilación a la oficial (64,6 años y 65,8, respectivamente). Además quiere promover, bonificar y facilitar que se pueda combinar pensión y salario de manera que se prolongue la vida laboral, algo que ya se hace en países europeos y que permite descargar de esfuerzos al sistema público.

Pero esto entra en colisión con Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo, al conocer los planteamientos de Escrivá, consideró que “no es el camino correcto”. “El reto de nuestro país es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. Propiciar que alarguemos y además incentivemos la edad de jubilación más allá de la edad legal entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes", opinó en una entrevista concedida este lunes.

Pacto de Toledo

En este sentido, apuntó que esta cuestión sería objeto de negociación PSOE y Unidas Podemos, además de estar siendo debatida en la Comisión del Pacto de Toledo. Cabe recordar que este órgano parlamentario es el que tiene que dar el visto bueno a las recomendaciones propuestas por el Ejecutivo para luego aprobarlas.

Aunque la unanimidad en el seno de esta organización parece imposible, no se descarta un acuerdo de máximos entre los grupos parlamentarios presentes para la mayoría de las recomedaciones antes de que acabe el año, entre ellas ligar el incremento anual de las pensiones al IPC.

Estas distancias revelan que las fricciones dentro del Ejecutivo han llegado incluso a departamentos que siempre han estado bien avenidos.

Díaz y Escrivá son aliados (forzosos o no) en las sucesivas negociaciones que se están celebrando para ampliar los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) por el Covid-19, así como en las políticas de empleo y protección social.

En cualquier caso, las palabras de Díaz están en la línea de otras declaraciones que portavoces de Unidas Podemos están haciendo en las últimas semanas para satisfacer a sus bases y votantes, que no entenderían medidas como un prolongamiento de la vida laboral.

Hace bien poco, a colación de la futura política fiscal y las subidas o bajadas de impuestos que se pueden incluir en el proyecto de Presupuestos de 2021, Pablo Iglesias y María Jesús Montero vivieron un rifirrafe similar.

Desconcierto

El desencuentro resulta especialmente desconcertante teniendo en cuenta que, ya antes de la pandemia de la Covid-19, el ministro de Seguridad Social había avanzado sus planes para incentivar la vida laboral tras la edad de jubilación, así como desincentivar las jubilaciones anticipadas.

Cabe recordar que Escrivá está siguiendo la estrategia que ya diseñara cuando fue presidente de la AIReF y que la reforma del sistema de pensiones y de la Seguridad Social es una de las principales causas por la que fue elegido como ministro por Pedro Sánchez.

Además, se trata de una de las reclamaciones históricas de la Comisión Europea. Cambiar la Seguridad Social y amarrar su sostenibilidad es una exigencia constante de Bruselas, y generar buena imagen ante las autoridades comunitarias es ahora más importante que nunca.

Al fin y al cabo, España quiere demostrar ser un alumno aplicado para que no se ponga ningún escollo a la concesión de los 140.000 millones de euros que le corresponden de los fondos europeos pactados este verano.

Avalancha de jubilaciones

En cualquier caso, Escrivá tiene claro que las modificaciones tendrán que hacerse sí o sí. A partir de 2025 se va a producir una "avalancha" de jubilaciones por los 'baby boomers' y el envejecimiento de la población, tal y como aseguró ayer mismo en una entrevista en televisión.

Por ello, plantea sus cambios para el largo plazo, a unos 35 años vista. "Tendremos una caída clara de la población en edad de trabajar, eso es indiscutible. Y en lo que estamos trabajando es, en el medio plazo, en dar incentivos a las personas que quieran trabajar más allá de la edad legal de jubilación", apuntó.

¿Y en el corto plazo? Sus planes son conocidos. Afirma que la sostenibilidad de la Seguridad Social está asegurada si el Estado asume los gastos que son impropios del órgano, que se elevan hasta los 22.800 millones de euros, casi dos puntos de PIB.