La presente semana está siendo clave para el futuro de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) excepcionales por la Covid-19. Aunque sindicatos y patronal aspiran a que se amplíen sin rebajar sus condiciones, el Gobierno quiere reducir el importante impacto que estas herramientas están suponiendo para las arcas públicas.

Según confirman a este periódico desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se están destinando unos 4.000 millones de euros al mes a sufragar los ERTE. Es decir, que se han gastado unos 24.000 millones en seis meses, es decir, entre marzo y agosto.

Aunque se trata de, seguramente, la medida más importante entre las desplegadas para contener la tragedia laboral que puede suponer la crisis del coronavirus en el campo del empleo (está conteniendo el despido), el impacto económico de los ERTE es irrebatible. En solo seis meses el Gobierno se ha tenido que gastar en ellos el 18% de lo que anualmente dedica a pensiones, que es la mayor partida dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro R. Rubio Europa Press

Y, de hecho, la cifra podría ser mayor. Aunque Seguridad Social deja el coste mensual de los ERTE en 4.000 millones, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la cifra estaría entre los 4.500 y los 5.000 millones, después de que Antonio Garamendi, presidente de CEOE, reclamara conocer este dato.

Suponiendo que el coste mensual hubiera sido de una cantidad intermedia entre las dos citadas por la ministra, 4.750 millones, la factura de los ERTE en seis meses ascendería hasta los 28.500 millones.

Cristina Herrero, presidenta de la AIReF.

Esta estimación sería la más aproximada al cálculo que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hace unos meses, que pronosticó que el impacto de los ERTE hasta septiembre sería de unos unos 25.871 millones de euros. La amplia mayoría (unos 19.777 millones) han sido para el pago de prestaciones de los trabajadores afectados y el resto (6.094 millones) corresponden a exoneraciones de cuotas sociales a las empresas.

En cualquier caso, la estimación más conservadora, que son 24.000 millones, sigue siendo importante. De hecho, los 21.300 millones del fondo de ayudas al desempleo (SURE) que la Comisión Europea ha propuesto para España no cubrirían el gasto en ERTE.

Además, cabe recordar que esta cantidad corresponde a préstamos de la Unión Europea que hay que devolver.

Negociación

De ahí que el Gobierno quiera reducir los beneficios de los ERTE para trabajadores y empresas en la negociación que se están celebrando, de forma diaria, entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos, es decir, en el Diálogo Social.

Aunque todavía está pendiente conocer qué sucederá con las exoneraciones de cuotas sociales a las empresas (que, en un principio, se querrían rebajar), el Gobierno quería liquidar el ‘contador a cero’ de los trabajadores. Es decir, que no consuman paro durante el periodo de ERTE.

A cambio, Trabajo ha ofrecido a los sindicatos reponer 180 días de prestación en caso de que un trabajador en ERTE sea despedido de la empresa. En lo que sí parece haber acuerdo es en que no se reduzcan las prestaciones a los seis meses del ERTE. A día de hoy, si no se solventa esta cuestión, se recortarán del 70% de la base reguladora al 50%.

Las desavenencias con la patronal tienen que ver con que se mantenga la prohibición del despido objetivo, que el Gobierno quiere prolongar en la misma medida en que se amplíen los ERTE.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el vicepresidente Íñigo Fernández de Mesa.

Además, en las reuniones el Ministerio de Trabajo habría insistido en su intención de limitar las empresas y sectores que se puedan acoger a los ERTE excepcionales, de manera que solo puedan recurrir a ellos los más afectados.

En cualquier caso, se dejó la puerta abierta a que las empresas afectadas por brotes del Covid-19 puedan volver a recurrir a los ERTE, tal y como está legislado a día de hoy, aunque con unas exoneraciones inferiores a las que permiten los ERTE por fuerza mayor.

Por otro lado, cabe recordar que el departamento que dirige Yolanda Díaz, en las negociaciones que se están celebrando esta semana, ha mostrado su disposición a que la ampliación vaya más allá del 31 de diciembre, aunque no mucho: el 31 de enero.

Esta semana se celebrarán reuniones con el fin de cerrar un acuerdo en el Diálogo Social para que el Gobierno pueda aprobar el correspondiente real decreto-ley para ampliar los ERTE el martes 22. Sin embargo, ya en junio Díaz se puso una meta similar y la extensión se acabó aprobando en un Consejo de Ministros extraordinario y ‘sobre la bocina’.