Como ocurrió en la primera negociación para extender los expedientes de regulacion temporal de empleo (ERTE) en junio, el Gobierno está buscando rebajar su coste de cara a ampliarlos hasta finales de enero y ello está provocando importantes desacuerdos con los agentes sociales.
Según ha podido saber Invertia, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (que junto al de Trabajo representa al Ejecutivo en el Diálogo Social) ha propuesto en el último borrador de su ampliación que solo se mantengan los ERTE y se puedan pedir en el caso de empresas que estén relacionadas con el turismo.
¿Qué significa esto? Que solo empresas hoteleras o navieras dedicadas a los cruceros, por ejemplo, podrán mantenerse en los ERTE excepcionales que habilitan prestaciones para los trabajadores afectados y exoneraciones del pago de cuotas sociales para las empresas.
Un camarero prepara una terraza de un bar en Madrid
En cambio, las empresas de los campos de la hostelería, del transporte o del comercio no se podrán mantener en esta condiciones. Es decir, que las aerolíneas, las empresas de autobuses, los restaurantes o las tiendas no podrán mantener los ERTE ni pedirlos.
Según cuentan fuentes del Diálogo Social, tanto patronal y sindicatos se habrían opuesto tajantemente a esta propuesta y proponen que los criterios que se tengan que aplicar para mantener los ERTE (o acogerse a ellos, en caso de brote de Covid-19) se apliquen por empresas, no por sectores, de manera que cualquier entidad necesitada del apoyo económico de esta medida pueda recurrir a ellos.
Exoneraciones
Pero hay más cuestiones que impiden el acuerdo en el Diálogo Social. Tanto patronal como trabajadores se oponen a que se mantenga la mejora de exoneraciones de cuotas sociales para las empresas que recuperen trabajadores de ERTE.
Consideran que si el problema que generan los ERTE es económico, estas exoneraciones se deberían eliminar para mantener las de las empresas que de verdad están en problemas financieros por la crisis generada por la Covid-19.
Cabe recordar que esta semana el Gobierno ha aclarado el coste de los ERTE al mes (4.000 millones de euros al mes) después de que Antonio Garamendi reclamara que se aclarara su coste.
Por otro lado, Trabajo ya habría cedido a una de las reclamaciones de los actores sociales: finalmente, se mantendrá el 'contador a cero' de desempleo de los trabajadores afectados. Es decir, que mientras estén en ERTE no consumirán el paro que tengan acumulado. Además, se mantendrán las prestaciones en el 70% de la base reguladora.
La remota posibilidad de que el acuerdo para extender los ERTE pueda llegar antes del próximo Consejo de Ministros (que este pueda aprobar el correspondiente real decreto-ley el martes 22) se extingue poco a poco. Y es que, por lo pronto, no se prevén nuevas reuniones del Diálogo Social para tratar esta cuestión hasta la próxima semana.