La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se seguirán prorrogando mientras lo necesiten empresas y trabajadores, una postura que, según ha apuntado, es común en todo el Gobierno. Actualmente siguen en ERTE unos 740.000 trabajadores.
Díaz, en declaraciones a La Sexta, ha señalado que "no tiene sentido" desplegar todos los recursos públicos que el Gobierno ha puesto en marcha para sostener y ayudar a las empresas y luego dejarlas caer "en el momento clave".
Por ello, ha afirmado que "sin lugar a dudas" y si es necesario, se prorrogarán los ERTE más allá del 31 de enero de 2021 y ha recordado que la Comisión Tripartita examinará diariamente cómo está funcionando el esquema que se acaba de poner en marcha.
Modificar el Estatuto
Además, ha avanzado que el Gobierno está trabajando para que el mecanismo de los ERTE permanezca de manera estructural en la legislación laboral, lo que implica modificar el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.
La ministra ha destacado que el nuevo acuerdo de ERTE, que extiende este instrumento de momento hasta el 31 de enero, no deja a ningún sector "atrás", porque si fuera así, ha añadido, la CEOE no lo habría firmado.
Negociaciones de la prórroga
En cuanto a la decisión de la CEOE de sumarse al acuerdo sólo unas pocas antes de que fuera aprobado en Consejo de Ministros, Díaz ha señalado que la patronal tenía "dificultades internas" para firmar el acuerdo y que el Gobierno "respetó" sus tiempos a pesar de que supuso llevar la negociación hasta el último minuto.
Por otro lado, la ministra ha insistido en la necesidad de reformar la legislación laboral para combatir la precariedad, una "anomalía" que tiene el mercado español y contra la que han pedido que se actúe desde el FMI ó el Banco de España.
"Lo vamos a hacer, no porque lo diga el FMI, sino porque es un compromiso imprescindible", ha dicho la ministra, que ha advertido de que si en el acuerdo de los ERTE "no se hubiera bordeado" la reforma laboral del PP y ésta se hubiera aplicado, en España se habrían producido "despidos masivos, devaluaciones salariales y pobreza a espuertas".
Díaz ha indicado que hay miedo entre los trabajadores a ser despedidos por dar positivo por coronavirus, por lo que acuden a su trabajo para no perder su empleo. En este sentido, ha recordado que la incapacidad temporal (IT) por cuarentena "impide de facto" represalias de ese tipo y que, legalmente, ese despido sería calificado como nulo.
Riders en el diálogo social
Por otro lado, la ministra ha avanzado que la próxima semana convocará la mesa de diálogo social para tratar el asunto de los 'riders', sobre los que se han pronunciado ya diez tribunales de justicia, así como el Tribunal Supremo, que en una reciente sentencia determinaba que son falsos autónomos y que su relación laboral con la empresa es la de un trabajador por cuenta ajena.
Díaz ha recordado que Trabajo sometió a consulta pública un borrador de norma en la que se establece lo que han dictado los tribunales: que los repartidores no son emprendedores, sino asalariados, y que deben tratarse como tales.
"Les vamos a dar todo tipo de protección", ha afirmado la ministra, que ha explicado que Bruselas también está preocupada por este sector, al que quiere dar una regulación adecuada.
Cuenta atrás del teletrabajo
En relación a la ley del teletrabajo, la ministra ha afirmado que la norma obliga, durante la pandemia, a que los empresarios doten a los trabajadores de los medios necesarios para trabajar a distancia, por lo que ya pueden reclamarlos a sus empresas.
Además, sobre este asunto, ha destacado que Alemania quiere "copiar" la Ley española del Trabajo a Distancia, así como la de igualdad retributiva. "Me ha sorprendido que Alemania, por una vez, quiera copiarnos una norma", ha indicado la ministra.