A mediados de septiembre, durante la negociación para la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el Gobierno argumentaba que tenían un importante impacto en las cuentas públicas para rebajar sus costes. Por entonces, el Ejecutivo alegó que la factura de esta medida era de unos 4.000 millones de euros al mes. Es decir, unos 24.000 millones en seis meses (de abril a septiembre).

Sin embargo, las nuevas cifras puestas encima de la mesa por los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Trabajo y Economía Social rebajan considerablemente  esta cifra. La dejan en 15.970 millones de euros, un 33% menos del coste que el Ejecutivo reflejaba en la negociación con sindicatos y patronal, en las que intentó rebajar en lo posible el número de empresas que podría acceder a los beneficios de los ERTE.

Ya tras la negociación, el día en el que el Consejo de Ministros aprobó la extensión de los ERTE, el ministro José Luis Escrivá dio una pista de que la ‘fiera’ no era tan cara como la habían pintado. Entonces, informó de que la medida estaba teniendo un coste mensual, desde su puesta en marcha, de unos 1.000 millones al mes para su departamento.

Concretamente, el coste total para la Seguridad Social de las exoneraciones de las empresas por los ERTE hasta finales de septiembre ha sido de unos 5.218 millones. A esta cantidad hay que sumar las prestaciones que ha abonado el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -que a falta de conocer el dato de septiembre- entre abril y agosto han llegado a los 10.752 millones.

En total, unos 15.970 millones. Aunque se le sumara el abono de septiembre (que sería similar a agosto, unos 867 millones) la cantidad se quedaría en ‘solo’ 16.837 millones, muy lejos de los 4.000 millones al mes que llegó a argumentar el Gobierno en el transcurso de las negociaciones.

Dudas en la CEOE

De hecho, el propio Antonio Garamendi puso en duda las cifras que por entonces estaba dando el Gobierno. "Somos conscientes de que los datos del coste de los ERTE es muy inferior al dato que se está dando públicamente", indicó el presidente de la CEOE por aquellas fechas en las que el baile de números era constante.

La propia María Jesús Montero, ministra de Hacienda, alzó la factura de exoneraciones y prestaciones a entre 4.500 millones y 5.000 millones mensuales. Sin embargo, fuentes de la Seguridad Social corrigieron esta cifra y la atenuaron hasta unos 4.000 millones que, a todas luces, estaban muy sobrestimados.

Todavía está por ver cuál va a ser la factura, aproximada, de los nuevos ERTE. Poco a poco, el retorno a la actividad ha continuado. Hasta finales de septiembre, las empresas han recuperado para la vuelta al trabajo al 79% de los empleados que estaban protegidos por ERTE el 30 de abril, que fue la fecha con mayor cifra de empleados protegidos.

Sin embargo, quedan en esta situación unas 728.000 personas de sectores especialmente afectados por la crisis del coronavirus. Además, todavía se desconoce el impacto real que van a tener, a escala de ERTE, los brotes de la Covid-19 y las medidas tomadas por las Administraciones Públicas.

Nuevos ERTE

Para estos casos, se han creado dos nuevos tipos de programas. Por un lado, están los ERTE por impedimento, que pueden pedir las empresas cuya actividad esté frenada como consecuencia de las medidas sanitarias por la Covid-19. Con él accederán a exoneraciones de cuotas sociales de hasta el 100%.

Por otro lado, están los ERTE por limitaciones, que los pueden pedir compañías o entidades cuya actividad esté limitada por decisiones o medidas adoptadas por autoridades españolas. Sus exoneraciones estarán entre el 70% y el 100%, aunque serán decrecientes hasta el 31 de enero, que es cuando caduca la prórroga de los ERTE.

Quedan los ERTE para sectores especialmente sensibles (que realmente están prorrogados) y que no se han recuperado desde el estado de alarma de la primera mitad de 2020. Se trata de una cuarentena de actividades empresariales que mantendrán unas exoneraciones de hasta el 85%.

Cabe recordar que, además de los ERTE, el ministerio de José Luis Escrivá ha activado varias medidas a lo largo de esta pandemia que han sumado un gasto total de 12.928 millones desde el inicio de la crisis hasta finales de septiembre. Se trata la prestación para autónomos (4.138 millones) y la exoneración de cuota para personas de este colectivo (2.203 millones) y la de incapacidad temporal por Covid-19 (1.369 millones)