El cuento de nunca acabar en el que se ha transformado la larga trama de la reforma de las pensiones públicas está tocando a su fin. O al menos eso parece. La Comisión del Pacto de Toledo, órgano parlamentario en cuyos miembros descansa el destino del sistema de pensiones, ultima un acuerdo para una reforma que, según los deseos del Gobierno, tendría que dar sus primeros pasos antes de que acabe 2020.

Esta misma semana, los diputados del Pacto de Toledo presentaron sus últimas aportaciones a la ‘remodelación’ que plantean para las pensiones, que parte de las mismas bases que se dejaron en barbecho a principios de 2019, cuando el acuerdo parlamentario no fue posible por la celebración de Elecciones Generales.

La esperanza, según fuentes de la comisión parlamentaria, es que los debates conduzcan a que se pueda producir un acuerdo en noviembre, principios de diciembre a más tardar, y que parte de la reforma pueda ejecutarse a través del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, como ha indicado José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Aunque no se espera unanimidad, se pronostica que una amplia mayoría de la comisión respalde un esperado acuerdo que sería el primero en este órgano desde 2011 (la reforma que hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 no pasó por el Pacto de Toledo).

Dentro de las medidas que ya se dan por seguras dentro del futuro pacto, según fuentes cercanas a la negociación parlamentaria, está el retraso de la edad efectiva de jubilación para que se alinee con la edad legal.

Jubilación anticipada

Para ello, la estrategia de Escrivá es desincentivar las jubilaciones anticipadas y mejorar las condiciones para atrasar la jubilación y aumentar la vida laboral de los trabajadores españoles. Cabe recordar que, a día de hoy, la edad efectiva de los trabajadores está por debajo de los 63 años, y para 2027 la edad legal de jubilación estará en los 67 años (hoy está en los 65 años, aproximadamente).

‘Castigando’ las jubilaciones anticipadas (especialmente las de las rentas más altas, que hoy por hoy están beneficiadas por la norma actual) y potenciando las retiradas laborales ‘tardías’ con sus correspondientes incentivos, Escrivá espera acercarse a la jubilación efectiva de 67 años prevista para 2027.

Cabe recordar que este asunto generó polémica con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que rechazó la medida, aunque finalmente toda discusión quedó aplacada. Ya hay acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos en esta cuestión.

El Gobierno no quiere iniciar la reforma del sistema público de pensiones hasta contar con el aval del Pacto de Toledo, que, más allá de matices, le permitirá activar el grueso de los cambios sin bloqueos parlamentarios. Bueno, previsiblemente. En la vida política de España de los últimos años, ya no hay nada seguro.

Con todo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ya se ha comprometido a las correspondientes reformas con la Comisión Europea. Tal y como indicó Escrivá, el Gobierno ha incluido dentro del Plan de Reconstrucción que se hizo público este miércoles cambios en las prestaciones públicas de los jubilados españoles.

Particularmente, el documento plantea los citados incentivos a la demora de la edad de jubilación, “ajustando elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas”. Entre ellos, incentivar los planes de pensiones de empresas o colectivos e integrar y converger los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos.

Consensos

Otro de los puntos en los que parece haber consenso suficiente en el Pacto de Toledo es en el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, algo que se ejecutaría con un cambio legislativo que podría ir en Presupuestos para activarlo cuanto antes a través de un indicador particular similar al IPC.

También a través del proyecto presupuestario se aspira a desarrollar otro de los aspectos al que los partidos habrían mostrado su visto bueno. Se trata de quitar gastos impropios (no contributivos) a la Seguridad Social para reducir su déficit.

De hecho, Escrivá apunta que su Tesorería sería perfectamente sostenible ejecutando esta medida, que se iniciaría este mismo 2021. Cabe recordar que las pensiones públicas suponen la principal partida de gasto de las Administraciones públicas, que en septiembre costó 9.911 millones de euros en prestaciones para 8,87 millones de pensionistas.

Así, nueve años más tarde, un nuevo acuerdo parlamentario para reformar el sistema público de pensiones español podría ver la luz. Millones de trabajadores y pensionistas estarán atentos a su resultado.