Este miércoles ha sido el pistoletazo de salida de las reuniones del Diálogo Social para poner límites a determinados abusos laborales que las plataformas digitales ejecutan sobre sus trabajadores. 

Estas negociaciones se han iniciado por la situación en la que están, particularmente, los conocidos como 'riders', es decir, las personas que se ocupan del transporte de productos para plataformas como Glovo, Uber Eats o Deliveroo. Sin embargo, en Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos han pactado que la futura legislación no abarque solo a este colectivo. 

Así, la regulación aspira a "establecer una regulación para evitar la proliferación del fraude laboral a través de plataformas digitales", sea cual sea la naturaleza del mismo. La reunión, definida por los asistente como "una toma de contacto", se repetirá el miércoles de la próxima semana. Hasta entonces, los agentes sociales han acordado intercambiar documentos. 

Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.

Según ha podido saber Invertia, este primer encuentro ha servido para tantear los ánimos después de la propuesta que Trabajo sacó a consulta pública hace unos meses, que ya generó ciertas discusiones con el Ministerio de Asuntos Económicos y Agenda Digital, que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño. 

"El principal objetivo de nuestra propuesta es asegurar que la protección laboral llegue a todas las personas trabajadoras de estas plataformas. Los ejes programáticos se alinean con las posiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la ONU en relación al trabajo con derechos", dijo por entoncees la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La mesa de Diálogo Social sobre trabajadores de plataformas digitales.

No han trascendido más detalles de esta propuesta, pero la idea del Gobierno es que todos estos riders pasen a ser trabajadores por cuenta ajena, es decir, que estén contratados por las plataformas. 

Actualmente esta relación laboral tiene algunas características de un contrato formal como seguro médico o un mes de sueldo por invalidez, pero no incluye ni indemnizaciones, ni sueldo fijo, ni prestaciones sociales. Esta relación ha mejorado ostensiblemente a partir de la judicialización y de la avalancha de denuncias de este modelo laboral.