Los sindicatos de funcionarios afean la falta de interlocución ante la subida salarial de 2021

Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT han denunciado la falta de interlocución del Gobierno con los principales representantes de los empleados públicos para acordar la subida salarial para 2021, según han señalado en varios comunicados las organizaciones tras reunirse con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

En este encuentro, el Ministerio de Carolina Darias ha presentado a los sindicatos las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en materia de salarios y de oferta de empleo público (OPE).

Tras la reunión, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que estudiará convocar movilizaciones si no se abre una negociación de legislatura para mejorar las plantillas de las administraciones públicas y sus salarios. Además, ha señalado que rechaza tanto la oferta de empleo público como la propuesta de subida salarial.

De hecho, cree que el incremento de los salarios de los empleados públicos del 0,9% para 2021 "no reconoce ni la labor realizada frente a la pandemia ni de lejos la pérdida de poder adquisitivo desde 2010".

De su lado, CCOO ha denunciado "la falta total de interlocución y la imposición de las cuestiones relativas a los sectores públicos en los Presupuestos" y que se haya hecho de la Mesa General de las Administraciones Públicas "un simple trámite" previo a la aprobación de las cuentas públicas por el Consejo de Ministros.

La organización sindical ha criticado también que se ha incumplido por parte de todas las administraciones el primer y segundo acuerdo para la mejoría del empleo público y las condiciones de trabajo, ante lo que CCOO ha pedido que se cumplan "íntegramente" con los compromisos y ha reclamado que se inicie "de inmediato" las negociaciones para un III Acuerdo.

Asimismo, UGT ha transmitido también su "profundo malestar" y ha resaltado que el Ejecutivo "ni siquiera ha dado las propuestas por escrito". El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, ha instado a crear una agenda calendarizada de cuáles son las materias que hay que negociar y desarrollar en esta legislatura.

Negociación 

Los tres sindicatos han coincidido en lo necesario que es abrir de inmediato un proceso de diálogo para mejorar las plantillas y los salarios de los trabajadores de las administraciones públicas.

Para UGT, "todavía hay margen para mejorar y negociar aspectos importantes respecto a las condiciones laborales", antes de que se aprueben en las Cortes los Presupuestos del próximo año. Además, ha pedido "un mayor compromiso" con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE).

CCOO ha insistido en que la recuperación del empleo público debe incluirse en los Presupuestos "de manera inmediata", al igual que la eliminación de la tasa de reposición, los incrementos de las plantillas (entre un 20% y un 33% en los servicios prioritarios y esenciales) y los incrementos retributivos de al menos un 8% en los próximos tres años.

La organización que lidera Unai Sordo, al igual que CSIF, ha anunciado que, si no se cumple y no se inician los procesos de negociación comprometidos, habrá "continuas movilizaciones". 

CSIF ha pedido eliminar la tasa de reposición en la oferta de empleo público y realizar una planificación de las necesidades de las plantillas de los distintos cuerpos. También ha pedido un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años para "afrontar las necesidades estructurales que se han evidenciado con la pandemia".

La citada organización también ha reclamado que se ponga en marcha un acuerdo salarial a varios años que permita que los funcionarios recuperen el poder adquisitivo perdido desde 2010, que oscila entre el 12,9% y el 17,9% en función de los diferentes grupos profesionales. 

Para el área pública de CCOO, es necesario tratar de forma prioritaria el empleo, la estabilización y la consolidación, para conseguir la reducción de la temporalidad definitivamente por debajo del 8%, pero también la modificación el Estatuto Básico del Empleado Público y del estatuto marco para causalizar la contratación.

También ha pedido que se establezca un régimen sancionador a las administraciones públicas que incumplan, que se implanten medidas que repercutan de "forma inmediata para eliminar la precariedad laboral" y ha instado a que se haga efectiva la jornada de 35 horas para todos los sectores, entre otras medidas.