La segunda ola de coronavirus hace tiempo que es una realidad en los países europeos, entre ellos España. Desde que se iniciara la pandemia, el Gobierno ha activado prestaciones para ayudar a colectivos de trabajadores perjudicados por la crisis que ha desarrollado nuestra economía.
Desde marzo, algunas de estas ayudas han desaparecido y otras se han añadido y ampliado, dibujando un mapa de prestaciones y subsidios con los que el Ejecutivo quiere que “nadie se quede atrás” en esta crisis.
La gestión de estas ayudas se está realizando desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y Seguridad Social. Los mayores esfuerzos públicos se están poniendo en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Los trabajadores afectados por esta medida cobran una prestación mensual equivalente al 70% de la base reguladora que durará mientras las empresas no los recuperen para la actividad. Todo ello sin agotar paro.
A día de hoy, hay unas 499.000 personas que cobran esta prestación. Se espera que esta cifra se vaya reduciendo aunque nuevos trabajadores se podrían beneficiar de ella gracias a los ERTE por rebrote a los que está obligando la segunda ola de Covid.
Por lo pronto, estos ERTE excepcionales están activados solo hasta el 31 de enero del próximo año, aunque todos los portavoces del Gobierno aseguran que se alargarán en 2021.
Fijos discontinuos
El Gobierno también ha habilitado una prestación para cubrir a los trabajadores fijos discontinuos, que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas pero que este 2020 no han podido ejecutar por la suspensión de determinadas actividades por la pandemia.
Los trabajadores en esta situación podrán solicitar una prestación de desempleo correspondiente al periodo en el que no hayan podido trabajar, incluso aunque no tengan suficiente paro acumulado para ello. Esta medida está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020.
Ingreso Mínimo
A principios de junio, el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Con esta prestación, el Gobierno busca varios fines, como combatir la pobreza severa o alumbrar la economía sumergida. Es decir, que no es solo una medida por al Covid-19, sino que es una medida estructural y que se mantendrá a largo plazo.
Dependiendo de las condiciones y miembros del hogar, los perceptores de esta prestación pueden cobrar desde 461 euros (el equivalente a una prestación no contributiva) hasta un máximo de 1.015 euros, unas cantidades que se incrementarán en 2021.
¿Y si no se tiene nada?
El Gobierno también ha ideado un subsidio, que ha aprobado esta misma semana, para las personas que no pueden acceder a ninguna de las prestaciones antes mencionadas. Es decir, parados de larga duración que han agotado su prestación de desempleo durante los periodos de alarma y que, precisamente por haber tenido rentas en 2020, no pueden acceder al IMV.
Se trata de un subsidio de 430 euros que estas personas pueden cobrar mensualmente durante unos 90 días, es decir, tres meses. No es compatible con la percepción de la renta mínima, la renta de inclusión, salario social o ayudas análogas de cualquier Administración Pública.
Con todo, desde el Ministerio de Trabajo aclaran que esta prestación, si el potencial beneficiario ya percibe el IMV (algo muy remoto), sí será compatible.
Más subsidios
En el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó este subsidio, se aprobaron ayudas para los desempleados del sector de la cultura.
Se trata de subsidios que garantizan durante tres meses una prestación de 430 euros para personas trabajadoras que hayan prestado sus servicios temporalmente por cuenta ajena como personal técnico o auxiliar en el sector de la cultura para realización de una obra o espectáculo público.
Además, se amplió hasta el 31 de enero la prestación económica extraordinaria para artistas en espectáculos públicos. A esto se suma que los profesionales taurinos que figurasen en el censo de activos a 31 de diciembre de 2019 verán reconocido el acceso extraordinario a la prestación contributiva por desempleo, que podrán percibir hasta finales de enero.
Cabe recordar además que, en el campo de los autónomos, el Gobierno tiene activas diversas medidas para este colectivo. Entre ellas, destacan la prestación por cese de actividad (hoy sujeta a ciertas polémicas por su nivel de cobertura) y la ayuda por reducción de la misma, que permite cobrar un mínimo de 661 euros si se acredita una caída de la facturación del 75%.
Prestaciones suprimidas
A lo largo del año se han ido extinguiendo algunas de las prestaciones que activó el Gobierno. Particularmente dos: el subsidio para personas cuyo contrato temporal hubiera terminado durante el estado de alarma y que se creó para trabajadoras del hogar y cuya concesión se retrasó varios meses.
En este último caso, el Gobierno asegura que quiere recuperar este subsidio, pero de manera estructural y permanente. Con todo, todavía no hay novedades a este respecto.