A pesar de que el Gobierno aseguró que seguiría la hoja de ruta marcada por la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones maneja algunas medidas que están fuera del pacto parlamentario para favorecer su sostenibilidad y calcular su revalorización.
La más importante es ampliar la cantidad de años para calcular la pensión de un trabajador. José Luis Escrivá, responsable de la Seguridad Social, valora una propuesta para que que dicho cálculo se haga sobre 35 años en vez de sobre 25.
Con esta medida, se conseguiría reducir el impacto presupuestario de los nuevos pensionistas a partir de su aplicación, con ‘ahorros’ de aproximadamente el 6%.
Con todo, el Ejecutivo maneja excluir de este cálculo los peores años de cotización, para evitar una reducción de las prestaciones superior al planteado.
Se trata de una propuesta sobre la que está trabajando el expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), así como la Vicepresidencia de Asuntos Económicos de Nadia Calviño.
También se habría intentado sumar a la elaboración de la medida al Ministerio de Trabajo, pero su responsable, Yolanda Díaz, se opone a este cambio.
La idea del Ejecutivo es presentar esta propuesta a la Comisión Europea este 2021, como fórmula para atenuar el impacto económico de las pensiones. Pero lo tiene difícil para salir adelante.
Diálogo Social
La medida no se ha presentado aún en el Diálogo Social, donde ahora se está tratando la reforma de las pensiones. Pero fuentes de los agentes sociales aseguran que, si se plantea, la rechazarán de plano.
Este es el caso de Pepe Álvarez, de UGT, que alega que ni siquiera se ha empezado a aplicar el cálculo de la pensión usando los últimos 25 años de carrera profesional, algo que no ocurrirá hasta 2022.
Por otro lado, la medida tampoco cuenta con respaldo político suficiente para aprobarse. Se plasmara en el formato que se plasmara, Unidas Podemos y sus ministros, capitaneados por Pablo Iglesias se ha negado a apoyarla.
Y está claro que el PSOE no logrará otros apoyos parlamentarios para su respaldo, sobre todo teniendo en cuenta que no forma parte del conjunto de recomendaciones del Pacto de Toledo.
Revalorización
La segunda medida que forma parte de la ‘agenda oculta’ del Gobierno para la reforma de las pensiones y que no se ha pactado previamente en la comisión parlamentaria es la fórmula que se empleará para su revalorización.
Antes de que se cerrara la negociación entre los grupos políticos para delimitar las recomendaciones, Escrivá indicó, en varias ocasiones, su idea de plantear un indicador más allá del IPC, con otras condiciones, para revalorizar estas prestaciones.
A pesar de que esta posibilidad ni siquiera se esboza dentro del Pacto de Toledo, el ministro, según ha podido saber Invertia por fuentes del Diálogo Social, mantiene esta intención.
Se trata de algo que genera inquietud sobre todo en los sindicatos, que reclaman volver, directamente, a la situación legislativa de las pensiones previa a la reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy.
Además, han expresado su inquietud porque aún no se haya borrado del mapa el factor de sostenibilidad de las pensiones, creado por el PP hace ocho años y que, a pesar de su suspensión, sigue 'vivo'.