Este año 2021 que ahora empieza va a ser, por fin, el de la necesaria y esperada reforma del sistema público de pensiones que tanto han reclamado expertos e instituciones en los últimos años.

Tras el acuerdo político alcanzado en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, y a falta de que se termine de cerrar un pacto con sindicatos y patronal en el Diálogo Social, el año entrante se pondrán en marcha los primeros cambios.

El inicio de la reforma se producirá con la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Con ellos, ya se plantea que el Estado comience a asumir los que son considerados gastos impropios de la Seguridad Social, como por ejemplo las prestaciones no contributivas.

En total, el Estado hará una transferencia de cerca de 18.396 millones de euros con este fin, una cantidad con la que además se resolverán dos tercios del déficit de la ‘Caja Única’, que era uno de los problemas a resolver con la reforma del sistema de pensiones.

Este es solo el primer paso. El Pacto de Toledo puso sobre la mesa, con sus recomendaciones, las primeras pistas para el futuro del sistema público de pensiones. El primero de ellos, una revalorización constante de estas prestaciones que vaya en consonancia con el coste de la vida.

Por lo pronto, y a falta de que se gestione la correspondiente reforma legal para ello, el incremento se ejecutará a través de los PGE y usando como referencia el IPC, llevando el alza en 2021 al 0.9%. Aún así, el Gobierno no descarta otras fórmulas para la correspondiente revalorización. Deja la puerta abierta para ello.

Por otro lado, está claro que se van a tomar medidas para incrementar la edad efectiva de jubilación en España y retrasar en lo posible el acceso a la pensión. Oficialmente se van a concentrar en desincentivar la jubilación anticipada en nuestro país y en ‘premiar’ las jubilaciones tardías o mejorar las condiciones para combinar un salario y la pensión.

El Gobierno también se plantea prohibir que se puedan establecer jubilaciones forzosas, cuando los trabajadores hayan cumplido la edad para ello, en los convenios colectivos de las empresas.

Todas estas medidas están destinadas a contener el gasto en pensiones contributivas (es decir, las de jubilación), que en 2021 van a suponer el 31,3% del gasto público indicado en los PGE.

Nadia Calviño y José Luis Escrivá.

En este campo, Escrivá se guarda un ‘as’ bajo la manga en este campo, una carta que no se cuenta entre las recomendaciones del Pacto de Toledo. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones maneja reformar también cómo se computan los años para calcular la prestación.

La idea que maneja el ministro es la de ampliar de 25 a 35 los años de carrera profesional que se tengan en cuenta para calcular la pensión de un trabajador, lo cual provocaría un recorte de la prestación de más del 5%. Y ello a pesar de que los 25 años de carrera profesional para calcular la prestación no se empiezan a aplicar hasta 2022. 

Aunque en Seguridad Social eluden abordar esta cuestión, Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, ha confirmado que se está explorando esta alternativa, aunque se eliminaría del cómputo los años más negativos de cotización.

Se trata de un detalle que también ha aclarado Israel Arroyo, secretario de Estado de Seguridad Social. Para él, esta sería una solución a la “existencia de carreras de cotización irregulares. En primer lugar, habrá que dialogar con los agentes sociales", ha indicado en declaraciones a EFE.

Este tipo de medidas, argumenta, pueden tener "un efecto mixto ya que muchas personas que se vieron afectadas por la crisis a partir de 2008, en el tramo final de su carrera, se podrían ver beneficiadas".

Esta idea todavía no se ha planteado en la negociación sobre las pensiones del Dialogo Social, es decir, con sindicatos y patronal. En cualquier caso, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ya alerta de que los trabajadores se opondrán a esta medida, y duda que lograra un apoyo parlamentario suficiente en el Congreso.

Patas complementarias

En el campo de las patas complementarias del sistema de pensiones se va a producir una auténtica revolución. A través de los Presupuestos Generales se ha reducido a una cuarta parte (pasa de 8.000 a 2.000 euros) el beneficio fiscal que permiten los planes individuales de pensiones.

¿La causa? El escaso uso que hacían de estos productos financieros las rentas bajas y medias y los elevados gastos en comisiones que generan para el escaso beneficio que permiten a los ahorradores, según han denunciado tanto el Gobierno como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La apuesta de Escrivá pasa por los planes colectivos. Para empezar, los de empresa. Mejora su desgravación en 2021, que pasa de 8.000 a 10.000 euros al año. Sin embargo, el auténtico ‘caballo blanco’ del expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es el fondo público de pensiones que creará a lo largo de 2021.

Aunque todavía tiene que fundamentarse, está pensado para autónomos, pymes y empleados públicos. El fondo de pensiones estaría bajo el dominio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pero sería gestionado por entidades privadas, que se seleccionarán a través de un concurso abierto.

Interrogantes

Con todo, aún quedan muchos interrogantes por definir. Entre ellos, cómo se nutrirá este fondo, tanto por la dimensión de las aportaciones como por el actor (el beneficiario, la empresa o el propio Estado) que las haga.

Más a largo plazo, también se plantea para la reforma de las pensiones fórmulas para que los robots y la inteligencia artificial ‘coticen’. Es decir, que se formule alguna suerte de impuesto que permita que la ganancia en productividad que permiten estos métodos se traduzca en ingresos por las arcas de la Seguridad Social.

En cambio, dentro de la reforma que se prevé para el futuro inmediato no está incluida la eliminación normativa del índice de revalorización de las pensiones (IRP). Suspendido por el propio Partido Popular en 2018 (lo creó el Gobierno de Mariano Rajoy con la reforma de 2013) hasta 2023, este indicador creado para asegurar el equilibrio financiero en el sistema pensiones sobrevive, al menos por lo pronto.

Si se aplicara el IRP en vez de la revalorización por IPC, las pensiones en 2021 tendrían que bajar. Así lo indica un análisis de la consultora Willis Towers Watson,que precisa que este indicador estaría en el -2,36% el próximo año.

En cualquier caso, todos estos planes para reformar el sistema público de pensiones se tendrán que plasmar por escrito en el corto plazo.

El Gobierno tendrá que ponerlos negro sobre blanco en su estrategia para estas prestaciones en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que permitirá la captación de los ayudas europeas. Aunque en realidad el Ejecutivo tiene de plazo hasta abril, la idea de Moncloa es entregárselo a la Comisión Europea cuanto antes, se baraja que en enero.