La Seguridad Social tendrá acceso a la historia clínica de los trabajadores para revisar sus prestaciones
El INSS, como entidad gestora de la Seguridad Social, podrá acceder al historial médico de los trabajadores para gestionar y controlar sus prestaciones.
1 marzo, 2021 10:53Noticias relacionadas
El real decreto-ley por el que se han extendido los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las ayudas a autónomos incluye más modificaciones normativas. Entre ellas, que los inspectores médicos de la Seguridad Social puedan tener acceso a las historias clínicas, físicas y electrónicas, para comprobar que cumplen las condiciones para recibir sus prestaciones.
Así lo indica el texto publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Los inspectores médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus funciones, cuando sea necesario para el reconocimiento y control del percibo de las prestaciones de los trabajadores pertenecientes al sistema de la Seguridad Social (...) tendrán acceso electrónico y en papel a la historia clínica de dichos trabajadores, existente en los servicios públicos de salud, en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en las empresas colaboradoras y en los centros sanitarios privados", indica el texto.
El documento precisa que "la inspección médica de los servicios públicos de salud tendrá acceso electrónico a los datos médicos necesarios para el ejercicio de sus competencias, que obren en poder de las entidades gestoras de la Seguridad Social".
Riesgo durante el embarazo
Por otro lado, el texto recoge también que "las entidades gestoras y las entidades colaboradoras con la Seguridad Social podrán facilitarse, recíprocamente, los datos relativos a las beneficiarias que resulten necesarios para el reconocimiento y control de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural".
Por otro lado, tal y como indicó el Ministerio de Trabajo este martes, se ha adecuado el procedimiento administrativo sancionador para extender actas de infracción automatizadas sin intervención directa de un funcionario a través de un procedimiento especial.
No se reducen las garantías jurídicas permitiendo la optimización de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el tratamiento de datos.