Centenares de repartidores de plataformas digitales se han concentrado este jueves en once ciudades españolas contra la ley que prepara el Ministerio de Trabajo para convertirles a todos en trabajadores asalariados. Estos riders sostienen que quieren seguir siendo autónomos, pero con derechos reforzados.

La Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos (Repartidoresunidos.org) convocaron manifestaciones en Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Oviedo, Gijón, Gandía y Málaga.

Los repartidores se han movilizado ante la amenaza de la aprobación de la Ley Rider, "de forma inminente y sin acuerdo por parte de ninguna asociación sectorial ni miembros de la Mesa de Debate Social".

El próximo miércoles 10 de febrero el Gobierno ha convocado a sindicatos y patronal para intentar cerrar un acuerdo sobre este tema. El objetivo del ministerio dirigido por Yolanda Díaz es convocar a esta última reunión del Diálogo Social y dictar un Decreto Ley incluso si no hay acuerdo.

El último borrador es bien visto por sindicatos -aunque piden más tiempo para analizarlo- y rechazado por los empresarios. En el caso de los repartidores, diferentes asociaciones han manifestado su rechazo. Incluso algunos datos de organizaciones como la Asociación Autónoma de Riders (AAR) advierten que 24.000 de los 30.000 riders que operan en España quieren seguir siendo autónomos.

Defienden su derecho a ser autónomos para poder disponer de su tiempo y poder trabajar con varias plataformas. Al mismo tiempo, critican el modelo laboral que utilizan algunas empresas del sector que contratan a sus trabajadores, pero con condiciones precarias y externalizados.

En esta línea, centenares de repartidores de plataformas como Deliveroo, Uber, Glovo y también de empresas como Amazon o Seur (que también se verían afectados por esta reforma) han alzado la voz “con miedo a ver empeorar o llegar a perder su empleo de forma inminente. Es el peor escenario que nos podía pasar, porque nos quieren laboralizar solo por trabajar con una app, les da igual si somos realmente autónomos o laborales”, según Gustavo Gaviria, portavoz de RepartidoresUnidors.org en Madrid.

Jordi Mateo, presidente de APRA, ha defendido desde la manifestación de Barcelona que “los riders somos los primeros interesados en mejorar nuestras condiciones y nuestro modelo de trabajo. Por este motivo, estamos a favor de la regulación, siempre y cuando no nos estigmatice; no sea discriminatoria hacia nuestro colectivo solo por trabajar en una plataforma; y recoja las prioridades de la mayoría de repartidores”.

Mateo hace referencia a las prioridades de regulación que han votado los propios repartidores a través del proyecto participativo Diálogo Rider que recogió más de 1.500 opiniones el pasado mes de diciembre.

Entre las cuestiones clave a regular destacan el pago base; o la ampliación de los seguros laborales; la formación de los riders y la protección ante el cese de colaboración, entre otras propuestas de ampliación de los derechos sociales de los repartidores que trabajan como autónomos.

Con todo, el Ejecutivo tiene la intención de aprobar la norma en la reunión de la próxima semana, aunque tanto sindicatos como la patronal están convencidos de que será muy difícil acelerar el proceso y que -salvo sorpresa mayúscula- deberán seguir negociando sus últimos detalles durante el mes de febrero. La idea es que si no se logra acuerdo, sacar adelante el texto mediante un decreto ley.

En el último texto propuesto que el Ministerio Trabajo, al que ha tenido acceso Invertia, se introduce lo siguiente en el Estatuto de los Trabajadores: "Concurre la condición de empleadora en aquellas empresas proveedoras de servicios de intermediación en línea a través de plataformas, aplicaciones u otros medios tecnológicos informáticos o digitales que sean agente primordial de la actividad en el mercado o aporten o controlen los activos esenciales, aun cuando las facultades empresariales de organización, dirección o control se manifiesten de forma implícita o indirecta, sea o no a través de la gestión algorítmica del servicio".

Con este redactado, según fuentes del Diálogo Social, se acabaría con la situación de 'falsos autónomos' en la que se encontrarían los trabajadores de las plataformas digitales. Estas empresas estarían obligadas a establecer una relación laboral directa, es decir, a hacer los correspondientes contratos.

Además, el borrador, tal y como está compuesto, abarca a todos los sectores en los que operan estas empresas. Es decir, que no abarcaría únicamente a las de reparto a domicilio, sino también a otras que ofertan otro tipo de servicios, como la búsqueda de cuidadores de dependientes, una de las reclamaciones de los sindicatos.