Los sindicatos UGT y CCOO han celebrado este jueves sus primeras movilizaciones 'físicas' desde que empezó la pandemia. Frente al Ministerio de Asuntos Económicos, en Madrid, y en condiciones controladas dada la situación de alerta sanitaria generada por la Covid-19. En la concentración, Pepe Álvarez y Unai Sordo han reclamando al Gobierno que avance en sus compromisos sociales en unas negociaciones que están siendo bloqueadas por la patronal CEOE. 

"La CEOE no quiere negociar", ha afirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. En este sentido, Unai Sordo, responsable de CCOO, ha reclamado que "no se puede dar derecho a veto a las patronales. No se puede lanzar el mensaje de que solo habrá cambios si hay acuerdos. Si no hay acuerdo, el Gobierno tiene que legislar". 

Cabe recordar que estas movilizaciones tienen su origen en las reservas del Gobierno a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) por encima de los 950 euros brutos y mensuales actuales. Para Sordo, se trata de un "compromiso" clave para "preparar el escenario posterior a la pandemia".

Por ello, ha reclamado una "hoja de ruta" para que el SMI suponga el 60% del salario medio en España en 2023, que es el compromiso del Gobierno de coalición. 

En este sentido, tanto Sordo como Álvarez han insistido en que es el momento de recuperar la agenda social del Ejecutivo, que incluía la derogación de la reforma laboral de 2012 y la de las pensiones de 2013. 

"Si partimos de la situación de marzo -anterior a la pandemia-, ya había temas avanzados", ha reclamado Álvarez, quien ha ahondado que, a pesar de las medidas sociales del Gobierno, "centenares de miles de personas no tienen para vivir". 

Las movilizaciones, al menos, en Madrid, han tenido también espacio para la polémica. Álvarez ha protestado porque no se les haya concedido a los sindicatos permiso para cerrar al menos los carriles de servicio de la Castellana, frente a la sede del departamento que dirige Nadia Calviño.

Ello ha obligado a los asistentes a apiñarse bajo la atenta mirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado que vigilaban las movilizaciones, a pesar de las restricciones de la Covid.