Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de los Trabajadores (UGT) han reclamado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, corregir el real decreto ley 3/2020 por el que se aprobó el complemento de brecha de género.

En el encuentro mantenido este martes entre representantes del Ministerio y los agentes sociales, estos le han trasladado al departamento que el citado RDL se tramite como proyecto de ley para abordar "algunas insuficiencias con las que fue aprobado en el Consejo de Ministros", indican los sindicatos en un comunicado.

Concretamente, demandan que se aclare la redacción de la norma por la que se permite el derecho de opción a quienes ya tenían reconocido el anterior complemento de maternidad pero a las que les sería más beneficioso acceder al nuevo complemento de brecha de género.

"Se trata de una situación que afecta a las mujeres con pensiones más bajas y que, sin embargo, en la redacción actual de la norma, ven limitado el derecho de opción exclusivamente a los casos en los que se reconozca una nueva pensión", indican. 

Además, considera que debe abordarse la limitación que se ha establecido "para reconocer el nuevo complemento en los casos de pensiones de jubilación anticipada del sistema de clases pasivas. Una exclusión que debe ser un error, pues no hay justificación para que estas pensiones se queden fuera una vez que dicho complemento se ha extendido a la totalidad de modalidades de jubilación del sistema de Seguridad Social".

Base mínima

Así mismo, han exigido a Escrivá que se suprima la referencia incluida en el RDL 2/2020 a "la reducción de la base mínima de cotización para el año 2021, que la retrotrae a la que había en 2019. Se trata de una decisión que no ha sido comunicada ni explicada a los agentes sociales y que supone una minoración de los derechos sociales que puede llegar a afectar a más de 1 millón de personas".

En este sentido, han reclamado que la base mínima se mantenga en 1.108,33 euros/mes, que es la cuantía que debe estar vigente como consecuencia de la elevación del SMI a 950 euros/mes en febrero de 2020.

Además, han demandado que se agilicen los trabajos de la Mesa de Diálogo Social para derogar la reforma de pensiones de 2013, aprobar una nueva fórmula de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas ligándola a la inflación y se adopten las medidas de refuerzo de ingresos que garanticen la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones durante las próximas décadas.