La figura de Yolanda Díaz está en lo más alto. Más allá de su futuro nombramiento como vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Trabajo retoma este miércoles su gran proyecto para esta legislatura: la derogación de la reforma laboral de 2012. Sin embargo, este plan promete ser su primer fracaso en las negociaciones del Diálogo Social. 

Y eso que la racha de la ministra gallega es intachable. Desde que es la responsable de Trabajo, sus negociaciones con patronal y sindicatos se cuentan por éxitos, con la excepción de los planes de igualdad. Incluso en cuestiones tan espinosas como la 'Ley Rider', logró un acuerdo con empresas y trabajadores. 

Sin embargo, todo apunta a que el diálogo para la derogación de la reforma laboral supondrá el final de este idilio. Así lo asumen fuentes de la propia negociación. Todo parece indicar que algunos de los cambios que planteará el Ministerio de Trabajo obligarán a legislar sin acuerdo.  

Pero no en todos los aspectos. Precisamente, en los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral es donde parece que podría haber algún tipo de acuerdo. En este sentido, los fines del Gobierno están en recuperar la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa y la ultraactividad de dichos convenios. 

Pero este no es el caso de la reforma de la subcontratación que pretende el Ejecutivo. Como ya informó Invertia, el Gobierno ya ha comunicado a la Comisión Europea su intención de poner coto a las externalizaciones de servicios de las empresas cuando sean un “mero instrumento” para bajar los costes laborales.

Reducir estándares

De hecho, es una de las reformas adheridas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es “evitar que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación para reducir los estándares laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadas".

Las iniciativas que se plantearan irán en la línea de “las sentencias recientes del Tribunal Supremo”. De esta manera, se pretende lograr un “uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes”.

Así, el Ministerio de Trabajo buscará “avanzar hacia la equiparación de condiciones entre trabajadores subcontratados y reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas”.

Precisamente, esta cuestión era una de las que estaba sobre la mesa cuando comenzó la pandemia en marzo, y la patronal se había mostrado radicalmente en contra. Por ello, y lo alejado de las posturas, desde el Ministerio no se descarta tener que legislar sin acuerdo con el Diálogo Social.  

Vicepresidenta

Sin embargo, hay muchas variables que pueden matizar, o acentuar, este escollo en la negociación. Cabe recordar que la 'jefa' del equipo económico del Gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño, ya ha expresado su rechazo a hacer reformas profundas del mercado laboral sin el acuerdo con los agentes sociales, es decir, con patronal y sindicato. 

En este sentido, Díaz siempre le ha plantado batalla. Quien sabe si las fricciones entre ambas se recrudecerán cuando la ministra de Trabajo sea también vicepresidenta. 

Más allá de estos aspectos, el Gobierno continuará con lo que ha venido llamando también la 'modernización' del mercado laboral. En esta clave se encuentra la reforma del despido. 

Concretamente, y según el acuerdo de Gobierno, se revisarán las “causas del despido” objetivo para hacer más precisas sus condiciones “económicas, técnicas, organizativas o de producción” y se reforzará el control de la autoridad laboral sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) o el control de los despidos colectivos.

Todos estos cambios están destinados a desembocar en el nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que ha proyectado Pedro Sánchez. Este entramado de derechos y deberes acabaría poniendo fin y sustituyendo los elementos que resten de la reforma laboral del PP.