Por lo pronto, sus contratos expiran el 30 de junio y todavía no se han movido los hilos para prorrogarlos. Y en una situación similar están otros 635 empleados. Es decir, que el SEPE se arriesga a perder a 2.135 trabajadores en medio de la pandemia.  

Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, aseguró a principios de diciembre que el SEPE conservaría sus refuerzos en 2021. Sin embargo, la renovación de los contratos de los 1.500 interinos se está produciendo por trimestres, lo cual preocupa a los sindicatos, que temen recortes de este personal adicional en futuras prórrogas.

Además, CSIF alerta de que hay otros 635 interinos adscritos al "Contrato/Programa para los ERTE" cuyo contrato finaliza el 31 de junio. En total, 2.135 efectivos que las oficinas de empleo podrían perder a partir del 1 de julio.

Todavía no se han movido los hilos para la renovación de estos contratos, unas extensiones que dependen de varios departamentos ministeriales, según indican fuentes cercanas a estos procesos. 

A pesar de que existe la esperanza de que, con la llegada del verano, la actividad de las oficinas de empleo mengüe, el modelo de ERTE que quiere recuperar el Gobierno para entonces puede tener el efecto contrario. 

Según indicó José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la idea del Ejecutivo es retomar la fórmula de ERTE que 'premiaba' a las empresas que activaran a trabajadores con mayores exoneraciones en las cotizaciones sociales.

Una iniciativa que, según recuerdan trabajadores del SEPE a Invertia, incrementó el número de gestiones que tienen que hacer las oficinas y mantuvo el 'atasco' de trabajo a pesar del descenso de trabajadores en ERTE. 

Problemas

Si el SEPE perdiera sus refuerzos, llovería sobre mojado. Los retrasos en las gestiones, ya sean las relacionadas con las prestaciones o con la tramitación del desempleo, son de hasta tres meses en oficinas de varias provincias, según los representantes tanto de CSIF como de Comisiones Obreras (CCOO).

Las áreas con más problemas son Madrid, Barcelona y los archipiélagos de Canarias y Baleares.

La situación se ha agravado, además, por el ciberataque que dejó los sistemas informáticos del SEPE fuera de servicio hace unas semanas. Durante cuatro días, los empleados no pudieron hacer millones de gestiones. Esta situación provocará un importante retraso en el cobro de prestaciones de hasta 150.000 personas. 

Además, el servicio no se ha recuperado al 100%. De hecho, tal y como confirma Josetxo Gándara, de CCOO, el teletrabajo sigue suspendido, algo que afecta a unos 1.800 trabajadores de las oficinas de empleo españolas. 

En cualquier caso, los problemas de personal del SEPE son anteriores a la pandemia. Según CSIF, en los últimos diez años, "como consecuencia de las políticas de recortes", el SEPE ha perdido cerca de 3.400 efectivos y cuenta ahora con unos 8.000 trabajadores, de los que un 30% son trabajadores temporales. 

Precisamente, esta ha sido una de las causas de que el sindicato USO convocara una huelga de dos días esta misma semana. Sin embargo, habría tenido escaso seguimiento, según fuentes de la plantilla del SEPE, al no haber sido respaldada por ninguna de las organizaciones de trabajadores mayoritarias. 

Los recortes entre el personal de las Administraciones Públicas han sido drásticos y generalizados tras la crisis económica que comenzó en 2008. La Administración General del Estado ha perdido, entre 2010 y 2020, 43.477 efectivos entre personal laboral y funcionarios. Es decir, que su plantilla ha caído un 18%.

Así lo indica un informe de la Unión General de Trabajadores (UGT) que también alerta de que si la situación del SEPE es grave, no lo es menos en la Seguridad Social. Entre 2010 y 2020 esta entidad perdió más de un 21% de su plantilla en la última década. Es decir, 6.553 trabajadores menos, un recorte que ha dejado al ente con solo 23.909 efectivos.