El Gobierno subirá la jubilación forzosa a 68 años y no cobrará cotizaciones por los empleados de mayor edad

La negociación de la reforma de las pensiones entre Gobierno, patronal y sindicatos, sigue adelante. Una de las propuestas del Ejecutivo ha tocado en hueso, particularmente, en el caso de las empresas. En un principio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inclusión había planteado la eliminación de la jubilación forzosa u obligatoria, que se puede pactar en los convenios colectivos. Sin embargo, ante la oposición de los agentes sociales, particularmente la CEOE, los de José Luis Escrivá han puesto sobre la mesa una contraoferta. 

Según indican fuentes del Diálogo Social, Seguridad Social ha dejado a un lado la prohibición de la jubilación forzosa por convenio para proponer que se mantenga, pero solo a partir de los 68 años. Aunque la edad legal de jubilación hoy está entre los 65 y los 66 años, la previsión es que esté en los 67 años en 2027. 

Es decir, que el plan de Escrivá es dar la posibilidad a los empleados mayores de seguir trabajando un año más allá de la que será la edad legal de jubilación, una opción que retrasaría el cobro de su pensión y su entrada en el sistema público de pensiones. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y su equipo con los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva; y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez.

Sin embargo, esta posibilidad sigue sin convencer a los empresarios. Recuerdan que en los trabajadores a partir de los 60 años se multiplican los casos de incapacidad temporal, una situación que va 'a cuenta' de las empresas. 

Por ello, los representantes del Ejecutivo han puesto sobre la mesa del Diálogo Social exonerar a las empresas de pagar cotizaciones por los trabajadores más mayores. Sin embargo, dentro de esta propuesta, no se ha concretado a partir de qué edad. 

Las fuentes consultadas indican que esta medida tendría un coste importante para la Seguridad Social, que perdería los ingresos correspondientes a las cotizaciones de estos trabajadores.

Con todo, aseguran que compensaría en el objetivo final, que es alargar la vida laboral de determinados profesionales. 

Guerra a la jubilación forzosa

Sea en una dirección u otra, habrá cambios en la jubilación obligatoria por convenio. Una medida, por cierto, que el Gobierno de Mariano Rajoy derogó durante su primera legislatura pero que Magdalena Valerio, exministra de Trabajo de Pedro Sánchez, resucitó en 2018. 

Así, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene entre sus posturas atenuar el efecto de este tipo de jubilación. Este viernes, en una entrevista en Televisión Española, subrayó que esta fórmula no existe en ningún país europeo. 

Además, argumentó que esta figura no impulsa el empleo juvenil, a pesar de lo que se ha llegado a decir al respecto. "Yo espero que lleguemos a un acuerdo sobre esto, estamos parametrizando cómo hacerlo", añadió.

Esta propuesta forma parte de la cohorte de medidas que plantea el Gobierno para acercar la edad legal de jubilación a la legal. En este sentido, se plantea el retraso de la jubilación con una serie de incentivos. 

Entre ellos, se ha puesto sobre la mesa un 'cheque' de un único pago por cada año que se retrase la jubilación respecto a la edad legal. Estaría entre los 4.786 euros y los 12.060 euros dependiendo de la pensión que se tuviera que cobrar.