Así lo contempla una enmienda de PSOE y Unidas Podemos y que ha sido incluida este martes en la nueva Ley de trabajo a distancia, aprobada por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja, que para ello tenía competencia legislativa plena.

Y es que esta iniciativa ha sido aprobada por esta Comisión, con competencia legislativa plena para enviar leyes directamente al Senado sin necesidad de pasar por el Pleno, con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, ERC, Cs, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, y la abstención de Vox.

El proyecto tiene origen en el decreto ley aprobado por el Gobierno en septiembre del año pasado, tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme para la regulación del trabajo a distancia. Semanas después el Congreso aprobó su convalidación, pero decidió tramitarlo como proyecto de ley para poder plantear cambios.

Precisamente la reforma de este régimen sancionador es una de las enmiendas planteadas e incluidas durante la tramitación de la norma, dirigida a elevar un 20% las sanciones contempladas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Más elevada

Así, la sanción más elevada podría llegar hasta los 983.736 euros, cuando el importe más cuantioso se quedaba en 819.780 euros en la vigente ley.

El PSOE y Unidas Podemos justifican esta revisión de las cuantías de estas sanciones recogidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social "para garantizar su eficacia, con respecto al principio de proporcionalidad". Las cuantías incluidas en esta ley, recogidas en un texto refundido del año 2000, han sido objeto de una única revisión hasta ahora, argumentan, en el año 2007.

En todo caso, según recoge otra enmienda incluida en el proyecto a instancias del PSOE y Unidas Podemos, las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, y por ende, del nuevo régimen sancionador, se sancionarán conforme a las cuantías previstas hasta entonces.