Aunque todavía no hay ‘fumata blanca’ ni se han cerrado todos los detalles técnicos del texto, patronal y sindicatos dan por “prácticamente” cerrada la negociación de la primera pata de la reforma de las pensiones. Un texto en el que se recoge la fórmula que acercará la edad de jubilación efectiva a la legal, que en 2027 estará en los 67 años. De hecho, consideran que si todos los detalles que restan se han solventado, el pacto se podría firmar la próxima semana.
Así lo indican fuentes cercanas a la negociación que, a su vez, aseguran que el texto no está cerrado del todo. Se siguen introduciendo ligeros cambios y matices, pero ya de caracter menor. El contenido mollar del anteproyecto de ley ya se ha acordado en el Diálogo Social. El documento podría terminar de cerrarse esta misma semana.
El consenso en los aspectos más ‘gruesos’ en la reforma de las pensiones ha sido posible después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya aceptado la última exigencia de los sindicatos: acelerar la derogación de las medidas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó para la Seguridad Social y su funcionamiento en 2013.
Concretamente, el equipo de José Luis Escrivá ha aceptado que el Factor de Sostenibilidad se derogue este mismo año. Este instrumento, ahora mismo suspendido, liga las pensiones a la esperanza de vida. Adecúa de forma automática la cuantía de estas prestaciones al incremento de la esperanza y, por tanto, a los años de vida del perceptor. Esto se suele traducir en un descenso de las pagas.
Con todo, el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy lo puso en suspenso en 2018 para lograr el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado del PNV. Sin embargo, volverá a activarse en 2023.
Equidad intergeneracional
Este Factor de Sostenibilidad se sustituirá por un factor de "equidad intergeneracional", que el Gobierno desarrollará y aprobará en 2022. Eso sí: no entrará en acción hasta 2027, año en el que terminan de desarrollarse las medidas incluidas en la reforma de las pensiones de 2011.
¿Cuáles son las medidas incluidas en este 'primer paquete' de la reforma de las pensiones? Entre otras, las iniciativas destinadas a alargar la vida laboral de los españoles, de manera que empiecen a cobrar las prestaciones más tarde.
Dentro de este campo entran los incentivos para alargar la vida laboral (que incluyen un pago único de un cheque de hasta 12.000 euros anuales) así como la prohibición de la jubilación forzosa por debajo de los 68 años, aunque los convenios colectivos que permitan este tipo de retirada laboral se mantendrán hasta su renovación.
Dentro de los incentivos también habrá ventajas para las empresas. Se establece una importante reducción (de un 75%) de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes en caso de incapacidad temporal de trabajadores a partir de los 62 años.
Jubilación anticipada
También hay importantes modificaciones de la jubilación anticipada voluntaria. Se endurecen los coeficientes reductores para las pensiones futuras en varias situaciones, sobre todo en el caso de las pensiones máximas. Con todo, fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que la reforma no afectará a las personas que resulten despedidas a lo largo de este año y que decidan jubilarse anticipadamente o 'prejubilarse'.
Además, el texto incluye el esperado mecanismo para la revalorización anual de las pensiones, que se hará de acuerdo al IPC del año anterior. También recoge el compromiso de que el Estado transfiera a partir de 2023 al menos 22.726 millones anuales a la Seguridad Social en materia de gastos impropios.
Las fuentes consultadas insisten en que el acuerdo es inminente, y solo queda cerrar flecos y detalles. Con todo, para cumplir los plazos que se autoimpuso para llevar la reforma de las pensiones al Congreso (antes de verano), a José Luis Escrivá le quedan solo dos consejos de ministros: el de la próxima semana y el del día 29 de junio.
Esta es una de las reformas de las que dependen los fondos europeos que España recibirá de Bruselas en 2022. De aprobar la reforma de las pensiones y de lograr un acuerdo en el Diálogo Social, es decir, con patronal y sindicatos, dependen unos 11.000 millones el próximo año.
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