Verano caliente en el SEPE: los despidos obligarán a cerrar oficinas y se retrasará el pago del paro y otras prestaciones

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no levanta cabeza. Después de todos los problemas a los que se ha enfrentado por el 'tsunami' de trabajo al que obligaron la pandemia y los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) y tras el ciberataque que paralizó sus dependencias varios días, ahora llegan los despidos.

En menos de una semana, las oficinas de empleo de España dejarán de contar con unos 1.100 trabajadores. El Gobierno ha decidido prescindir de manera inmediata de 500 empleados interinos que se ficharon, precisamente para la gestión de los ERTE. A ellos se suman otros 635 que se van a recuperar -se trata de plazas que se van a estabilizar-, pero se tardará alrededor de un mes en hacerlo por cuestiones burocráticas.

Los trabajadores del SEPE tienen claro cuál va a ser el impacto de estas pérdidas de personal: cierre de oficinas de empleo y retrasos en la gestión y en el pago del paro y otras prestaciones. 

Así lo indica Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical del sector de la Administración General del Estado de Comisiones Obreras, quien considera la decisión del Gobierno como "un sinsentido del copón".

Como ya ha contado Invertia, en los próximos meses el Gobierno 'despedirá' a los 1.500 trabajadores fichados de forma interina para reforzar al SEPE. Los contratos de 500 decaerán el 30 de junio y la continuidad de los 1.000 restantes solo está asegurada hasta el 30 de septiembre, que es cuando caduca la última prórroga de los ERTE. 

Oficina de empleo en Valencia.

A esto se suman los problemas para renovar a otros 635 interinos citados, para lo cual se ha diseñado un "programa temporal puente", tal y como explica Gándara. Pero, precisamente, no se podrán volver a reincorporar, al menos, hasta finales de julio y principios de agosto.

De ahí que el SEPE vaya a tener que afrontar el mes de julio con una pérdida de unos 1.100 trabajadores, a los que hay que sumar aquellos que vayan a estar en pleno descanso vacacional, alerta el representante de CCOO.     

El impacto de este recorte de plantilla será inmediato "y sobre la totalidad de la gestión". De hecho, alerta de que se tendrán que cerrar más de 40 oficinas de empleo, alrededor del 5% de las que hay distribuidas en la geografía española.

¿La causa? La práctica totalidad de los interinos despedidos estaban dedicados a la atención presencial. "Suponen el 20% de la plantilla de la red de oficinas". Es más: explica que en "zonas estrictamente agrarias" había oficinas que se mantenían abiertas porque contaban con un interino. "Ahora no va a haber nadie para abrirlas siquiera". 

Efectos terribles

La situación va a tener "unos efectos terribles" en las gestiones del paro y de las prestaciones. ¿Cuáles? Retrasos en las tramitaciones y, por tanto, en los abonos. "Sobre todo en áreas que no estaban todavía normalizadas" tras el paso de los ERTE y el 'parón' por el cibertaque. 

En este sentido, Gándara insiste en la presión a la que está sometida el SEPE en este 2021: si en un mes normal de 2019 las oficinas de empleo españolas atendían 500.000 solicitudes, hoy se tienen que encargar de 1,6 millones, más del triple. "Supone un 350% más de carga de trabajo". 

A finales de septiembre llegará el segundo mazazo para el SEPE, que perdería los 1.000 interinos de refuerzo restantes, aunque se ha dejado abierta la puerta a que otros 500 se mantengan hasta final de año. Que el SEPE pierda a estos 1.500 empleados significa, a su vez, un recorte del 17% de su plantilla. 

Esta cuestión ha generado división dentro del seno del Gobierno. Según ha podido saber Invertia, la no renovación de los contratos de estos trabajadores ha generado sorpresa y decepción dentro del Ministerio de Trabajo, que presionó para que se mantuviera a la totalidad de los interinos. 

Algo parecido ocurre en el caso del Ministerio de Función Pública. En este caso, también se habría batallado para renovar a los 1.500 trabajadores. Varias voces ponen la pelota en el tejado del departamento de María Jesús Montero. El Ministerio de Hacienda sería el que habría decidido no dar continuidad a los contratos.