Ahora queda la segunda fase de la reforma, para cuyo contenido será más difícil lograr consensos. En ella, se prevén medidas como ampliar los años para el cómputo de la pensión o subir las cotizaciones máximas. Sin embargo, de su acuerdo y aprobación depende que España reciba unos 6.000 millones de fondos europeos. 

El conjunto de medidas para reformar las pensiones que se tienen que aprobar en 2022 forman parte de los compromisos del Gobierno con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Solo con estos hitos cumplidos (y otros comprometido también para el próximo año) se cobrarán los fondos correspondientes al primer semestre de 2023. 

Sin embargo, el acuerdo con los agentes sociales en muchos de los conceptos comprometidos parece extremadamente complicado, dada la oposición que tanto patronal como sindicatos han expresado hacia ellos. 

Uno de ellos es la ampliación de los años para el cálculo de la pensión, una medida que tendría como consecuencia una importante rebaja de las prestaciones. Sin embargo, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha afirmado en varias ocasiones que los 'nuevos' pensionistas tendrían la oportunidad de descartar los años con peores cotizaciones.

Otra de las medidas rodeadas de polémica es el pretendido 'destope' de las bases de cotización máximas. Es decir, que los trabajadores con salarios más elevados paguen cotizaciones más elevadas. A cambio, también se subiría la pensión máxima. 

Además, dentro del conjunto de medidas que el Ministerio de Seguridad Social se ha comprometido a haber cerrado para finales de 2022, está la creación de fondo de pensiones público y la activación del polémico mecanismo de equidad intergeneracional, que el departamento que dirige José Luis Escrivá quiere tener pactado este mismo 2021.  

Calendario pactado

El modelo acordado entre la Comisión Europea y los países que recibirán fondos Next Generation fija un calendario de reformas trimestrales. Luego, cada seis meses, los gobiernos deben presentar a la Comisión Europea tanto sus avances en las materias pactadas como en la ejecución de los fondos ya asignados si quieren recibir nuevos tramos de las ayudas. 

De esta forma, en los meses de junio y diciembre de los próximos años, el Gobierno de Pedro Sánchez debería acudir a las reválidas de Bruselas para que la Comisión acceda a desbloquear nuevos fondos. Para ello, el principal requisito que se ha acordado es que grandes reformas como la laboral cuenten con el apoyo de sindicatos y patronal empresarial. En el caso de que existiera cualquier retraso, el acuerdo ofrece distintas soluciones. 

Por un lado los Gobiernos pueden informar a la Comisión de que no está listo todo lo necesario y presentar los logros una vez estén cerrados. Del mismo modo, en el caso de que una reforma concreta se encalle, el mecanismo acordado permite que la Comisión y los representantes del país negocien rebajar las cuantías acordadas en el caso de que en ese control semestral se llegue sin cumplir los objetivos fijados. 

28.000 millones en 18 meses

Partiendo de este terreno de juego y de estas normas, el equipo de Sánchez va a tener que afrontar una hoja de ruta en la que va a tener poco tiempo para el descanso. Con los primeros 9.000 millones desbloqueados a falta de que el próximo Ecofin ratifique la valoración de la Comisión Europea sobre el plan de España, la siguiente parada del Plan de Recuperación de España será en diciembre.

Durante el último mes del año, el Gobierno deberá alcanzar 50 hitos para que lleguen otros 10.000 millones de euros. Los dos principales compromisos para desbloquear estos fondos son: el acuerdo ya alcanzado sobre pensiones y la reforma laboral. En lo que respecta al primero, la clave ahora está en convertir en Ley lo pactado con los representantes de los trabajadores y empresarios. En el caso del nuevo marco laboral, las posturas están lo suficientemente alejadas como para poder pronosticar una larga e intensa negociación. 

Durante 2022 el ritmo, lejos de aminorar, acelerará. En junio de ese año, España optará a captar 12.000 millones de euros a cambio de 30 reformas. En diciembre, la cuantía de las ayudas llegará a los 6.000 millones si se añaden 20 reformas más. Aquí es donde será clave la segunda parte de la reforma de las pensiones ya que el acuerdo fijado con Bruselas marca el cuarto trimestre de 2022 como fecha límite para acordar todos los elementos restantes. 

Así las cosas, si los meses que quedan hasta final de año parecen exigentes para el Gobierno, más aún lo serán los siguientes 12. 2022 se presenta como el momento clave para el Plan de Recuperación. Un periodo de tiempo que, si se cumple lo pactado, pasará a la historia como el ejercicio en el que más reformas y más proyectos trasformadores se pusieron en marcha en España.