Estado, CCAA y ayuntamientos tendrán que publicar las 260.000 plazas que ofrecerán a sus interinos antes de 2022
El BOE publica el decreto para rebajar la temporalidad en las Administraciones públicas del 30% actual al 8%.
7 julio, 2021 14:14Noticias relacionadas
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el real decreto-ley (RDL) para la reducción de la temporalidad en el sector público del 30% al 8% y compensar a sus interinos. Si bien la legislación no entra en vigor hasta este jueves, marca los plazos para que las Administraciones públicas estabilicen a través de oposición las plazas que ahora mismo tienen vacantes.
De hecho, ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos tendrán que publicar las correspondientes ofertas de empleo antes del 31 de diciembre de 2021. Se trata de unas 260.000 plazas que, además, se tienen que convocar antes del 31 de diciembre de 2022.
Como ya avanzó Invertia, el proceso de estabilización de estas plazas tendrá que haber finalizado antes del 31 de diciembre de 2024. En estos concursos de oposición tendrá un 'plus' la experiencia de los interinos, que contará con una valoración de un 40%, "en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate".
Estas ofertas públicas de empleo deberán estar cerradas exclusivamente las plazas que tienen que ver con interinos y que se tienen que estabilizar. "De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal", reza el RDL.
Para recibir una indemnización (consistente en 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades) por haber estado en interinidad durante más de tres años, los trabajadores temporales del sector público tendrán que presentarse a las oposiciones.
Precisamente, son estos condicionantes los que pueden llevar a que este conjunto de medidas lleve a una mayor judicialización de la temporalidad en el sector público. Según los juristas, decenas de miles de afectados podrían plantear demandas en los próximos meses por esta legislación.